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El pleno del Parlamento Europeo votó el pasado 21 de noviembre los objetivos de emisiones de CO₂ para los vehículos pesados, refrendando la posición del Consejo Europeo, y apoyando el objetivo de la Comisión de reducir las emisiones del 45% para los fabricantes para 2030, aumentando al 65% a partir de 2035, antes de saltar al 90% a partir de 2040. El sector del transporte en general ha mostrado su desacuerdo con la resolución de la Comisión y el Parlamento Europeo esgrimiendo diversos argumentos según su posición en el conflicto.
Por un lado, los fabricantes de vehículos han manifestado su opinión a través de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que .considera que para alcanzar estos objetivos, Europa necesitará una transformación completa del sistema que involucre a todos los actores públicos y privados en todo el ecosistema del transporte pesado. “Para los fabricantes de camiones y autobuses, la pregunta no es si podemos descarbonizarnos, sino con qué rapidez. Estamos haciendo nuestra parte proporcionando los vehículos y la tecnología para que el transporte por carretera en Europa esté libre de fósiles de aquí a 2040. Sin embargo, no abordar las condiciones propicias no sólo ralentizará la transición verde de nuestro sector, sino que también amenazará nuestra competitividad global”, afirmó Sigrid de Vries, Director General de ACEA.
Los fabricantes están invirtiendo miles de millones en tecnologías de cero emisiones para vehículos eléctricos de batería y de hidrógeno. La tecnología está disponible y la producción en serie está aumentando rápidamente. Sin embargo, la casi ausencia de infraestructura de carga y recarga y la falta de esquemas efectivos de fijación de precios del carbono y medidas de apoyo para reemplazar los modelos convencionales con alternativas de cero emisiones son obstáculos importantes para la transición. De Vries ha añadido que “Los fabricantes están haciendo todo lo posible para descarbonizar, pero dependen de condiciones propicias que están en gran medida fuera de su control. Los responsables políticos deben reconocer esto en la regulación del CO2 y asegurar un marco político de incentivos que acelere la transición verde del transporte por carretera”.
Por su parte, el sector del transporte, a través de IRU , ha mostrado una disconformidad aún mayor, calificando la regulación del parlamento de “demasiado ambicioso y poco realista”. La directora de Defensa de la UE de IRU, Raluca Marian, ha afirmado que “A pesar de las muchas voces de la industria y de numerosos miembros del Parlamento Europeo que piden un camino sensato hacia la descarbonización, el Parlamento está ahora oficialmente preparado para iniciar negociaciones tripartitas con objetivos idealistas, desconectados de las posibilidades de suministro de energía y de negocios”.
La IRU también coincide con ACEA en que el problema principal reside en el despliegue de la red de infraestructura de recarga, “A corto y medio plazo, no hay señales de que la infraestructura para alcanzar objetivos tan elevados de emisiones cero para vehículos pesados esté lista para su despliegue a gran escala en zonas urbanas y en las principales redes de carreteras de la UE. Además de la falta de estaciones de carga, no existe ningún plan a nivel de la UE, ni ningún plan regional conocido, para las necesarias actualizaciones de la red eléctrica”.
Sin embargo, según la IRU, para empeorar las cosas, el pleno ha adoptado objetivos de compra obligatorios para los operadores de transporte. La versión de la ley del Parlamento exige que la Comisión presente una propuesta legislativa al Parlamento y al Consejo para aumentar la proporción de vehículos de motor pesados de cero emisiones propiedad o arrendados por grandes operadores de flotas.
“Lo que es completamente inaceptable son los objetivos de compra obligatorios. Los operadores de transporte comercial por carretera no realizan actividades basadas en contratos públicos. Debe haber un límite al intervencionismo económico que viola de manera desproporcionada e innecesaria los derechos europeos consagrados a la propiedad y a la libertad de hacer negocios. No podemos aceptar exigencias irrazonables a los operadores privados que trabajan con capital privado y son los únicos responsables de gestionar su propio riesgo operativo y financiero”, ha afirmado Raluca Marian.
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