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Las asociaciones con representación en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) han acordado solicitar a las Juntas Generales de Guipúzcoa la suspensión provisional de los peajes para camiones en la N-1 y en la A-15. Y es que, aunque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha sentenciado recientemente que dichos peajes son ilegales, la Administración guipuzcoana ha afirmado que recurrirá la decisión judicial ante el Tribunal Supremo y seguirá aplicando el cobro de los cánones.
Fenadismer, presente en el CNTC, ha hecho público un comunicado en el que subraya que “debe quedar claro que el posible recurso que plantee la Diputación de Guipúzcoa no supone una apelación en segunda instancia, sino que la única instancia judicial posible es la del recurso en casación ante el Tribunal Supremo, cuyos fundamentos de interposición son limitados, ya que la Administración recurrente deberá justificar 'interés casacional objetivo' para que el recurso sea admisible”.
En este sentido, desde la federación de transportistas sostienen que “la sentencia está lo suficientemente motivada y fundamentada en la normativa europea sobre tarificación de las carreteras que no suscita problema interpretativo alguno que revista interés general para motivar su conocimiento por el Tribunal Supremo”.
Fenadismer critica además la “voracidad recaudatoria” de la Diputación de Guipúzcoa y explica que el CNTC pedirá a cada uno de los partidos políticos que componen las Juntas Generales de Guipúzcoa “la suspensión provisional de la aplicación del peaje a camiones hasta que el Tribunal Supremo resuelva lo que proceda”.
En cualquier caso, si las Juntas Generales no suspendieran de forma cautelar los peajes las asociaciones de transportistas estudiarán “la posible solicitud de ejecución provisional del fallo judicial una vez haya sido presentado el recurso de casación, tal y como establece la vigente legislación contencioso-administrativa”, anuncian desde Fenadismer.
Tanto desde la federación como desde CETM recomiendan en sendos comunicados que los transportistas que pasen por los tramos afectados conserven tanto las facturas de los peajes que abonen como las posibles multas que pudieran recibir en caso de no hacerlo.
Y es que, tal y como recuerdan desde CETM, el mantenimiento de los peajes pese a la sentencia del TSJPV “responde a un injustificable e inaceptable afán recaudatorio de la Diputación, que terminará por chocar con los intereses de todos los guipuzcoanos si, tal y como la sentencia del TSJPV hace suponer, los peajes son finalmente declarados ilegales por el Tribunal Supremo y, al igual que ocurrió con el ‘céntimo sanitario’, se deba proceder a la devolución total de los mismos más los intereses correspondientes, con el consiguiente menoscabo para las arcas públicas”.
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