La Junta Directiva de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías, Fegatramer, ha decidido comenzar acciones legales contra el Gobierno central por la ilegalidad de la prórrogas en la concesión a Audasa de la autopista AP9, que se encuentra entre las más caras de España.
La organización más representativa del empresariado de transporte de mercancías de Galicia, con presencia en todas las provincias a través de sus asociaciones territoriales a través de Acotrades, ACTC, Asetranspo, Operadores Logísticos, Tradime y Aetrans, ha tomado el acuerdo durante su última junta directiva de iniciar todo tipo de acciones legales después de ma de cinco años en que la Comisión Europea haya señalado la ilegalidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9 y para “poner fin al abuso que supone, para los transportistas de Galicia y para todos los ciudadanos gallegos el mantenimiento de los abusivos peajes en la AP9”.
Según ha comunicado Fegatramer, como primera medida se ha encomendado al bufete de abogados Gándara Moure ejercitar ante el Tribunal Supremo las acciones que procedan de inmediato para solicitar la declaración de nulidad de las dos prórrogas concedidas a Audasa, que se sustanciaron en una primera prórroga de 10 años, desde el 2013 al 2023 y, posteriormente una segunda de 25 años, desde 2023 a 2048. Por tanto, se se busca la completa nulidad de las prórrogas y del cobro de peajes por parte de Audasa.
Según Fegatramer, estas dos prórrogas de la concesión de la AP-9, concedidas por el Estado, “además de incumplir con el ordenamiento vigente en materia de contratación pública, pues en ambas se obvió el necesario procedimiento de licitación (siendo modificaciones sustanciales de estas) y se omitió la obligada publicidad (anuncio en el DOUE) y licitación en su venta, su motivación resulta cuando menos sonrojante, pues la primera respondió a las necesidades de Audasa, derivadas del retraso en la puesta en servicio de la AP-9 (primando así, en vez de penalizar, el incumplimiento de plazos de esta empresa, a la sazón pública) y la segunda, sirvió para que el Estado inflase su valor e ingresase mil millones de euros más por la venta de las acciones de Audasa; cargándolos sobre las espaldas de los usuarios de la AP-9 y a la vez posibilitar que en estos 25 años aquella amortizase los 963 millones pendientes y estos mil más, es decir, 1.963 millones de euros que deberán de pagar los usuarios”
Para la asociación, esto supone “un verdadero fraude de Ley, un buen negocio para la administración y para Audasa, pero ruinoso para los transportistas, los usuarios de la A-9 y en definitiva para Galicia”.
En un comunicado público, Fegatramer ha manifestado tras la Junta Directiva que “el actual Gobierno unos días señala culpables de estos despropósitos, de estas ilicitudes, y otros días parece defender la legalidad de estas prorrogas y habla de recurrir las decisiones de la Comisión Europea por ello, dado que estamos ante acuerdos del Gobierno de España, se impone acudir al Tribunal Supremo, tribunal competente, para que declare probada esta evidente vulneración de la normativa española y comunitaria, la nulidad de estas prórrogas, el cese de cobro de los peajes y en su caso las responsabilidades del Gobierno por estas acciones y por su dejadez al permitir que se perpetue en el tiempo esta situación ilícita”.
“Los transportistas gallegos, y en especial los propietarios de los más de dos mil camiones que cada día surcan la AP-9 están hartos de esperar. Procede actuar para dejar de pagar estos peajes ilegales y abusivos y recuperar lo pagado aun contratista, Audasa, cuyo contrato para cobrarlos resulta nulo de pleno derecho”.
“Pretende tomarnos por tontos cuando dicen que han ahorrado a los gallegos 375 millones en peajes desde 2018 (unos 62 millones al año de los más de 200 millones que pagamos de peajes entre todos los usuarios). Lo suyo sería decir que los pagamos vía impuestos, es decir, vía dinero de todos. Estos recursos deberían de destinarse a resolver este contrato y en su caso, si procede, indemnizar a Audasa si lo recaudado no le ha permitido amortizar la inversión realizada. Recordando que la Xunta de Galicia ha cifrado este rescate entre 1.612 y 2.355 millones de euros”.
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