La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una resolución (consúltela aquí) en la que, entre otras imposiciones, obliga a Renfe a “ofrecer un servicio mayorista de tracción de forma no discriminatoria y orientado a sus costes directos a las empresas que hayan perdido, como consecuencia de una convocatoria de Renfe, a más del 20% de su plantilla de personal de conducción”.

El superregulador impone esta obligación a la empresa pública después de que la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) denunciara ante la CNMC “la situación creada por Renfe tras las convocatorias de contratación que realizó durante 2015 y 2016”. Durante esos ejercicios, la empresa pública contrató maquinistas, a pesar de que ya en 2012 “paralizó los cursos de formación de maquinistas, que son un requisito imprescindible para poder ejercer esta profesión”.

En su resolución, la CNMC sostiene que las convocatorias de Renfe, que emplea al 97% de los maquinistas de España, “atraen a los maquinistas de sus competidores porque estos no pueden igualar las ventajas de contratación del operador público”, precisamente por su titularidad pública y por sus mejores condiciones salariales.

La cancelación de los cursos de formación de maquinistas, unida a las convocatorias de empleo abiertas por el operador público, ha propiciado lo que la propia CNMC califica como una “fuga de maquinistas hacia Renfe” desde sus competidores privados, que “no pudieron suplir esas bajas y sufrieron importantes pérdidas de personal en sus plantillas”.

Por todo ello, “su capacidad de ofrecer a los clientes servicios de mercancías alternativos a los de Renfe también se vio seriamente afectada. De hecho, según los datos de la CNMC, estas compañías han reducido su actividad de forma notable en 2016 y 2017”, destaca el organismo supervisor de la competencia.

Sea como fuere, y “dada la importancia que tienen los maquinistas para el desarrollo de la actividad por parte de las empresas privadas”, el organismo regulador obliga a Renfe a comunicar anualmente (antes del 31 de enero) a las empresas ferroviarias, centros de formación y la CNMC su mejor estimación sobre las necesidades de personal de conducción, incluyendo posibles programas de formación, para un periodo mínimo de dos años”.

Además, la CNMC impone a Renfe la obligación de “garantizar que en sus convocatorias de personal de conducción el plazo entre su publicación y el primer examen o prueba sea de al menos tres meses”.

Renfe recurre la resolución
La respuesta de Renfe a la resolución publicada por la CNMC no se ha hecho esperar. En este sentido, el operador público ha difundido un comunicado en el que explica que “ha impugnado vía contencioso-administrativa la resolución de CNMC. Además, pedirá la suspensión cautelar de la misma, al considerar que dicha resolución es inviable y no favorece en ningún caso el desarrollo de la libre competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril”.

La imposición de la CNMC que más parece haber contrariado a los responsables de la empresa pública es que le obliga a ofrecer un servicio mayorista de tracción a las empresas privadas. “Renfe considera que no es posible atender un mercado mayorista de tracción, ya que la empresa tiene su capacidad de producción adaptada a sus propias necesidades”, por lo que “exigir estas medidas afecta a la libertad de empresa e invade la capacidad de Renfe para organizar sus propios recursos”.