Ya se conocen las líneas fundamentales que centran el Plan Nacional de Inspección de Transporte para 2018 y entre las que figura como uno de los objetivos prioritarios el control del dumping social (empresas buzón), como consecuencia del proceso de deslocalización de grandes empresas de transporte hacia los países principalmente del Este de Europa, destacan en Fenadismer.

De este modo se da cumplimiento a la Directiva europea 22/2006 sobre la aplicación de la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera, que obliga a los Estados miembros a realizar controles dirigidos a las empresas clasificadas como de mayor riesgo, añaden desde la organización que preside Julio Villaescusa. Dicha actuación inspectora ya se ha venido desarrollando desde el año 2016, en colaboración con los cuerpos de inspección de otras Administraciones Públicas, si bien se intensificará en 2018, controlando tanto en carretera como a las empresas cargadoras.

Otras actuaciones de control incluidas en el Plan para el próximo año se dirigen a prestar especial atención a las operaciones que tengan su origen o destino en grandes centros generadores o destinatarios de cargas, como son las plataformas logísticas y las zonas de carga de los puertos marítimos, donde se concentran los mayores volúmenes de carga y descarga de mercancías.

Además, se hará un control más detallado sobre las áreas de negocio de economía colaborativa on-line, en especial en lo referido a plataformas de paquetería que, en vehículos diversos, intermedian habitualmente sin estar autorizadas. También se llevará a cabo un control sobre la realización de servicios de transporte público, así como el ofertar como intermediarios servicios de transporte, en ambos casos sin estar amparados en la correspondiente autorización. Se hará especial incidencia en los tráficos de corto recorrido, en especial en transporte de obras y en transporte ligero, donde se dan mayores bolsas de fraude.

A través de este plan se pretende también llevar a cabo el control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota de 427.528 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo en España.

Dado que la Directiva europea 2006/22 impone a los Estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas de trabajo, en el caso de las autoridades de inspección españolas deberán revisarse al menos 2.885.814 jornadas de trabajo de los conductores profesionales, de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad en carretera. El periodo a controlar en cada inspección que se haga a las empresas transportistas será por regla general de 45 días.

Junto a ello está previsto intensificar los controles de las posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limitador de velocidad en carretera. En el caso del tacógrafo, las principales manipulaciones que son detectadas corresponden a pequeños recorridos con velocidades muy cortas, por lo que se hará un mayor control en zonas como polígonos industriales y áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial, entre otros.

Conforme a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son imputadas a la empresa transportistas sino también al conductor que va a bordo del vehículo, sancionándose con multa de hasta 500 euros. En este ámbito, se han detectado fraudes en la obtención de duplicados de tarjetas en Portugal por parte de conductores tanto españoles como portugueses, aprovechando que Portugal no está conectado al sistema de control europeo de tarjetas de tacógrafo radionet. Al respecto, los Ministerios de Transporte español y portugués han firmado recientemente un protocolo para controlar estas prácticas fraudulentas.

También, y con objeto de aumentar la eficacia inspectora de los posibles excesos de peso, se llevarán a cabo dos controles de larga duración con la participación de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.