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La Comisión Europea ha decidido finalmente actuar contra la implantación del salario mínimo para transportistas extranjeros tanto en Francia como en Alemania. La iniciativa puede concluir en la apertura de un procedimiento de infracción en el caso francés y va un paso más allá con respecto a Alemania puesto que ya sufrió la apertura de un procedimiento de este tipo y ahora es objeto de una carta de emplazamiento complementaria. Ambos países tienen ahora dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión en contra de la medida.
Desde el organismo comunitario dejan claro su apoyo al principio de un salario mínimo, pero no dudan que la aplicación sistemática de la legislación sobre el salario mínimo por Francia y Alemania para todas las operaciones de transporte de tocar sus respectivos territorios "restringe de forma desproporcionada la libre prestación de servicios y la libre circulación de mercancías".
La actuación contra Francia, que supone el envío de una carta de emplazamiento, se produce después de un intercambio de información con las autoridades francesas y una evaluación jurídica exhaustiva de la legislación francesa aplicable, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016. Constituye el primer paso en el procedimiento de infracción.
Además, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento complementaria a las autoridades alemanas, paso posterior a la puesta en marcha de un procedimiento de infracción de mayo de 2015 así como a conversaciones mantenidas con Alemania de cara a alcanzar una solución amistosa que cada vez se antoja más lejana. "Ni la respuesta de las autoridades alemanas a la carta de emplazamiento ni las discusiones posteriores han disipado las principales preocupaciones de la Comisión", advierten en Bruselas.
En ambos casos, la Comisión considera que la aplicación del salario mínimo para determinadas operaciones de transporte internacional no puede justificarse ya que crea barreras administrativas desproporcionadas que impiden que el mercado interno de funcione correctamente. La Comisión considera que las medidas más proporcionadas deben tomarse con el objetivo de salvaguardar la protección social de los trabajadores y para garantizar una competencia no desleal, pero siempre y cuando no afecte a la libre circulación de bienes y servicios.
Astic celebra la medida
La valoración de la noticia por parte de organizaciones como Astic no se ha hecho esperar. Para la organización que preside Marcos Basante, Francia debería aplazar ya la aplicación de la medida y aclarar la normativa. A la Comisión le pide que agilice la tramitación del procedimiento " ya que la inseguridad jurídica actual está impidiendo el normal flujo de tránsito de personas y mercancías por los Estados miembro".
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