La asociación ANFAC ha presentado un nuevo informe con propuestas para favorecer el despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público y privado en los entornos urbanos y con una metodología de cálculo para su aplicación a cualquier municipio.

El informe se trata de un informe que establece tanto un decálogo de recomendaciones para agilizar y facilitar el despliegue de esta red de forma general, como una metodología para el cálculo de la potencia instalada que podría aplicarse a cualquier municipio de forma particular. De esta forma, ANFAC pretende facilitar una nueva herramienta para ayudar a las instituciones públicas, tanto a la Administración General del Estado como a las Entidades Locales, a desarrollar los planes de movilidad urbana sostenible en cada una de las ciudades del país.

Mediante este informe, ANFAC complementa su propuesta para acelerar el despliegue de los puntos de recarga de acceso público en todos los segmentos del transporte por carretera, presentada en 2021 y actualizada en 2023, para cumplir con los nuevos objetivos de descarbonización del “Fit for 55” para vehículos ligeros y pesados hasta 2035.

DECÁLOGO

Primero: ANFAC recomienda a las entidades locales contar con un órgano de gobernanza que coordine las políticas de movilidad y urbanísticas a través de las distintas áreas de la administración afectadas (Vivienda y Urbanismo, Movilidad y Transportes, Medio Ambiente, etc.), sobre la base de una planificación a largo plazo y procedimiento de seguimiento definido. Todo ello para garantizar el despliegue y dar tranquilidad al ciudadano.

Segundo. Es recomendable el desarrollo de formación y procedimientos específicos para el personal municipal, así como el dimensionamiento de éste, para favorecer y agilizar la tramitación de las autorizaciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de recarga. Adicionalmente, el personal municipal deberá contar con una introducción amplia sobre el reto que supone la descarbonización en el sector transporte y aclarar los falsos mitos entorno a la movilidad eléctrica.

Tercero. Desarrollar un marco regulatorio que permita conocer, de manera pública, la capacidad disponible en los puntos de acceso de las redes de transporte y distribución de electricidad en la ciudad. La correcta planificación del despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos depende de la capacidad disponible en cada punto del municipio.

Cuarto. Las entidades locales deben enfocar bien, desde el punto de vista económico y técnico, las licitaciones de suelo público para la instalación y gestión de puntos de recarga por parte de empresas privadas, garantizando la máxima eficiencia y viabilidad de estos procesos.

Quinto. Se recomienda que, en la renovación de las concesiones de estaciones de servicio en suelo municipal, las entidades locales introduzcan nuevos requerimientos para incluir el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos ligeros y pesados, transformando así las estaciones de servicio en “estaciones multienergía”.

Sexto. Las entidades públicas deben analizar, planificar y favorecer la instalación de infraestructura de recarga en los aparcamientos públicos para residentes y aparcamientos mixtos, que pueden configurarse como grandes hubs de recarga ante la necesidad de hacer un uso racional de la vía pública y el bajo porcentaje de viviendas con garaje en España. Para lograrlo, deben eliminarse, en la medida de lo posible, las barreras para desplegar infraestructura de recarga en estos espacios, que son de índole normativa y económica fundamentalmente.

Séptimo. Se recomienda que las entidades locales modifiquen sus ordenanzas fiscales para poder hacer uso del marco de flexibilidad que ofrece el Real Decreto-ley 29/2021, que establece la posibilidad de que las entidades locales puedan desarrollar medidas en el ámbito fiscal para contribuir al despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Octavo. Se considera necesario aumentar los compromisos de reducción de emisiones de CO2 en las contrataciones públicas a nivel municipal para adelantar 5 años los del sector privado. En este caso, implicaría incrementar los objetivos de vehículos limpios de contratación pública en 2030 hasta el 100% para turismos, vehículos comerciales ligeros y autobuses urbanos y hasta el 50% para camiones.

Noveno. Es recomendable el desarrollo de campañas institucionales de concienciación ciudadana y empresas en torno a la electromovilidad con el fin de asegurar que sean potentes, con impacto duradero en gran parte de la población.

Décimo. ANFAC recomienda trabajar con sectores estratégicos vinculados a los municipios (hoteles, centros comerciales, etc) para favorecer, incentivar y potenciar el despliegue de infraestructura de recarga de acceso público en sus aparcamientos yendo más allá de lo obligatorio.

Para ampliar más en el decálogo y ver la metodología de cálculo propuesta, se puede acceder a la página de Anfac desde este enlace.