A pesar que el Gobierno dictó bonificaciones de hasta el 50% a los trasnsportistas en las autopistas de peaje AP-9 y AP-53 desde el 1 de enero, el peaje gallego de la AP-9 aumentará el precio un punto porcentual por encima del IPC, por lo que los profesionales gallegos del transporte ya han mostrado su oposición.

La explotadora de la infraestructura aumentará año a año el precio de sus servicios un 4% al año, continuando su progresión hasta 2048, año en el que expira la concesión de Audasa, si la Comisión Europea no decide judicializar la concesión de la última prórroga de la AP-9 concedida a la concesionaria con el objetivo de declararla nula.

Respecto a las carreteras autónomas AG-55 y AG-57, la Xunta ha confirmado que ambas tendrán un incremento de tarifas de acuerdo con el IPC, por lo que en muchos tramos no habrá subida y en todo caso la subida máxima. será de 5 céntimos. En cuanto a las bonificaciones, se mantendrán en 2025 las actuales para todos los vehículos:

- Por retorno en 24 horas: 25% de descuento en la vuelta el 1º recorrido y 50% en la vuelta el 2º y posteriores (excepto domingos y festivos).

- Por nocturnidad (recorridos realizados entre las 0:00 y las 6:00 h.): 50% todos los días.

Por todo ello, la Asociación Vieiros Unidad Gallega de Transportistas considera insuficiente e insatisfactorio el incremento de la bonificación en los peajes de las autopistas gallegas para las pymes y autónomos del transporte de mercancías por carretera, especialmente para los transportes pesados. Las razones son que el 50% de bonificación no va a rematar con el desvío del tráfico pesado a las carreteras convencionales. Con toda seguridad, el tráfico no urgente ni apresurado seguirá eligiendo las rutas convencionales. La asociación señala que “no entendemos por qué no se ha incluido una bonificación adicional por concurrencia o por ida y vuelta en la misma jornada para los vehículos pesados como sí existe para los vehículos ligeros, de modo que se priorice la circulación del tráfico pesado por las vías de alta capacidad”.

Por otra parte, no se ha analizado previamente el estado de la movilidad en Galicia: la descongestión de los puntos críticos, los tramos con mayor siniestralidad, el impacto económico en el territorio derivado de la liberalización de los peajes en el acceso a los parques empresariales, las infraestructuras portuarias estratégicas para Galicia y circunvalaciones de las áreas metropolitanas, etc. Es decir, no se ha desarrollado un Plan Director de la Movilidad en Galicia riguroso en el que se analicen todas las vías de alta capacidad en relación con los flujos de movilidad que canalizan.

En opinión de Vieiros “aplicar bonificaciones planas en los peajes, es decir, idénticas para todos los tramos, no es lo más adecuado, ni eficaz, ni necesario, ni responde a las necesidades de movilidad de los vehículos de transporte. En consecuencia, desde Vieiros se entiende necesaria la concentración de competencias en materia de movilidad en el gobierno de la Xunta de Galicia es necesaria, porque es el Gobierno más cercano y por tanto más conocedor de la realidad de nuestro territorio, y que en principio no debería anteponer intereses ajenos a los propios de Galicia”.

Si la AP-9 es una red perteneciente al Estado y de carácter estratégico, la asociación sostiene que “los gobiernos autonómicos siguen siendo percibidos por muchos dirigentes políticos como entidades que no forman parte del Estado o, en el mejor de los casos, que no tienen visión del Estado ni de los intereses generales del Estado”.

Por último, "se desconoce el papel vertebrador de la movilidad en Galicia de la AP-9. Sin duda, tiene un papel importante en la conexión con Portugal, eje vertebrador de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, también en la conexión con nuestros puertos y aeropuertos, pero sin duda su papel preponderante es el eje vertebrador norte-sur de la fachada atlántica gallega, realidad que se constata simplemente con el hecho de que el peaje lo soportan mayoritariamente empresas, autónomos y particulares residentes en el territorio gallego con mucha distancia sobre el resto de usuarios de la vía”.

Por ello se sostiene que es importante “analizar en detalle este papel vertebrador de la movilidad gallega y por tanto ponderar con rigor la intensidad de las bonificaciones a aplicar en cada tramo para cada tipo de vehículo, con especial énfasis en la seguridad vial. En definitiva, por el mismo motivo que el Gobierno Central afirmaba que la respuesta a la Dana la debía dar la Generalitat Valenciana por su mayor conocimiento del territorio, la gestión de la AP-9 debe realizarse desde Galicia y no desde Madrid”.