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La patronal Fenadismer ha colaborado en la elaboración de un análisis comparativo de la ITV en España en el que se destaca que las de titularidad pública obtienen una valoración por denajo de la privadas.
Ante las numerosas quejas que de forma permanente vienen planteando los transportistas y conductores particulares sobre las condiciones y trato recibido en las estaciones de la ITV cuando van a pasar la revisión periódica de sus vehículos de transporte, Fenadismer ha llevado a cabo en colaboración con sus asociaciones territoriales un análisis comparativo sobre la situación de las aproximadamente 420 ITV existentes en toda España.
La gestión del servicio no es homogénea en toda España, ya que cada Comunidad Autónoma opta por un régimen de gestión diferente. La Comunidad de Madrid es la única en la que el servicio de Inspección Técnica de Vehículos se encuentra totalmente liberalizado, y contrasta con el existente en Andalucía y Asturias, y a partir de enero también la Comunidad Valenciana, en las que la gestión la llevan a cabo empresas públicas exclusivamente.
En las restantes Comunidades Autónomas el régimen predominante es el de concesión pública para la explotación de las ITV por empresas privadas, con situaciones peculiares, como Murcia y Extremadura, donde conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la Administración autonómica, con otras privadas en régimen de concesión.
Una de las conclusiones más sorprendentes del estudio comparativo realizado, es la importante diferencia en el importe de la tarifa a aplicar en función de la Comunidad Autónoma, con diferencias de hasta el 80% entre la más económica y la más cara en el caso de las revisiones a camiones y de hasta el 185% en el caso de os turismos. En este sentido cabe recordar, que salvo en el caso de Madrid en el que las tarifas son libres permitiendo una mayor competencia, en el resto de Comunidades Autónomas las tarifas son fijadas por la propia Administración.
La Comunidad Autónoma más cara es Andalucía, que es de gestión pública, con una tarifa de 90,10 euros, seguida de la Comunidad Valenciana con 86,90 euros, que contrasta con la existente en Extremadura, que sólo es de 49,74 euros, situándose la mayoría de las Comunidades en la banda entre los 60 y 70 euros.
En algunos casos se dan situaciones curiosas, como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con diferencias del 50% más caro de la primera frente a la segunda, o en las Islas Baleares en la que en Menorca pasar la ITV al camión es casi un 80% más caro que en Ibiza.
Entre las quejas más frecuentes que manifiestan los transportistas y particulares en relación con las estaciones de ITV se refieren a la demora en la concesión de la cita previa para pasar la revisión obligatoria, llevándose la palma las estaciones gestionadas por las empresas públicas autonómicas, como es el caso de Asturias con una demora de más de 2 meses o de Andalucía de hasta un mes.
Esta situación condiciona gravemente la actividad empresarial de los transportistas que deben ajustar sus rutas a la fecha adjudicada por la ITV. Esta ineficiencia supone un perjuicio para los transportistas, que se agrava en el caso de pasar desfavorablemente la primera revisión, ya que el vehículo queda paralizado en algunos casos más de una semana hasta que le dan cita para pasar la segunda en el caso de las ITVs públicas. Ello contrasta con el servicio ofrecido por las empresas privadas, en las que en la mayoría de los casos la cita previa no se demora más de 2 días.
Esta falta de fluidez en la prestación del servicio es consecuencia también del horario que ofrecen las estaciones a sus clientes, en las que una vez más las ITV públicas son las más restrictivas. Este es el caso de Asturias, en la que sólo están abiertas de lunes a viernes, o en Andalucía que en fin de semana sólo prestan servicio hasta la 1 de la tarde, lo que contrasta con las ITV de Madrid en las que muchas permanecen abiertas los 7 días a la semana.
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