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Asociaciones de estaciones de servicio, operadores y distribuidores de combustible y servicios relacionados han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, que redoble la inspección y endurezca las sanciones en los fraudes sobre el IVA que, aunque no afecta a los consumidores, sí incide en la hacienda pública.
Las asociaciones AEVECAR, AOP, CEEES y UPI quieren explorar nuevas vías de colaboración en la lucha contra el fraude en la distribución de carburantes, un fenómeno que está subiendo de manera espectacular. De hecho, se calcula que el fraude en la declaración del IVA por la venta de combustibles aumentó de 2022 a 2023 un 43%.
Operadores y estaciones de servicio urgen a la Administración a tomar medidas contundentes con carácter inmediato, para erradicar las prácticas fraudulentas que generan una competencia desleal en el sector. Las asociaciones señalan que se produce una sensación de impunidad en el sector y que los defraudadores se benefician de mayor número de ventas y buena imagen por ofrecer unos precios por debajo de los habituales del mercado.
Competencia desleal
Durante el año pasado se calcula en 2.000 millones de euros lo defraudado en la distribución de combustible y hasta 1.000 millones más en impuestos bio y otras obligaciones sectoriales. Además, se advierte que este ejercicio se ha disparado el fraude enormemente y de forma descontrolada, por lo que se teme que el monto defraudado pueda superar con creces lo del año 2023. De hecho, los distribuidores calculan que entre un 25 y un 30 por ciento de todas las ventas de España se producen bajo este tipo de fraude.
Operadores y estaciones de servicio insisten en su llamamiento a la Administración para que intensifique las labores de prevención, control y seguimiento de estas prácticas fraudulentas, así como que implemente nuevas medidas más contundentes y eficaces, y agilice la capacidad de actuación contra aquellos que cometen el fraude. Recuerdan, en este sentido, que es crucial fortalecer los mecanismos de control, aumentar las sanciones y promover un marco legislativo más estricto que proteja tanto a los consumidores como a los operadores y las estaciones de servicio que actúan dentro de la legalidad.
Sistemas de estafa
El fraude en la distribución de combustibles tiene varias formas de llevarse a cabo. La más generalizada y la de mayor monto es la fiscal, por la que se adquiere el combustible a mayorista sin contar o aportar el IVA (cosa que se permite a distribuidores de hidrocarburos) pero que llegado al momento de la distribución, sí se cobra al cliente, pero no declara a hacienda, De esta forma, queda un margen de beneficio extra para el distribuidor suficiente como para hacer parecer que se vende muy barato y, aun así, obtener un gran beneficio.
Otra forma de estafa es la de no añadir al carburante el porcentaje de biocombustibles exigido por la ley y que son de un precio superior. También son motivos de estafa, aunque menores, no mantener las existencias mínimas de seguridad que se exige o no realizar las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Esta información aparece de forma extendida en nuestra revista correspondiente al número 461 de septiembre.
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