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CETM ha pedido al Gobierno que la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte incluya la propuesta de destinar “1.500 millones de euros anuales para la transición energética de las flotas de vehículos, la renovación de las instalaciones de suministro, la transformación de vehículos o la realización de estudios que permitan a las empresas calcular sus objetivos a la hora de reducir las emisiones”.
La confederación incluye esta petición en la batería de propuestas que enviará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha abierto una consulta pública (accede pinchando aquí) para que, tanto los ciudadanos como las organizaciones profesionales, puedan hacer sus aportaciones a la futura ley.
La patronal que preside Ovidio de la Roza considera “absolutamente necesario que se tenga en cuenta la sostenibilidad de las empresas de transporte por carretera desde el punto de vista medioambiental, económico y social y que, además, cualquier modificación sea consensuada con el sector”.
Entre las proposiciones formuladas por la confederación destaca el mantenimiento del gasóleo profesional, “ante la falta de alternativas energéticas competitivas, eficientes y económicamente viables”.
En lo que a la distribución urbana de mercancías (DUM) se refiere, CETM explica al Ejecutivo “la necesidad de destinar ayudas para la renovación de flotas y la falta de infraestructura asociada de energías alternativas, que puede dañar no sólo la competitividad del sector sino, también, la de los productos españoles”.
CETM reclama además “ayudas directas y temporales a los operadores ferroviarios para la puesta en marcha de servicios regulares multicliente para el transporte de contenedores o la creación de autopistas ferroviarias” y pide que se articulen “soluciones multimodales similares al Ecobono o Ferrobono como alternativa para las empresas de transporte de mercancías por carretera, sostenibles y económicamente viables”.
La futura Ley de Movilidad Sostenible abordará, entre otras cuestiones, la fiscalidad en el transporte y la financiación de las infraestructuras. Por eso la organización de transportistas considera “crucial” que el modelo de financiación “no suponga un aumento de la fiscalidad destinado al mantenimiento de las infraestructuras. Es inaceptable que el pago por uso de las mismas recaiga solo sobre las empresas de transporte de mercancías por carretera, puesto que el mantenimiento debe ir ligado al uso proporcional, incluyendo a todos los usuarios”, detallan desde la entidad.
La confederación pide además que “las áreas de estacionamiento protegidas y seguras se consideren dentro de las infraestructuras del transporte” y que el Gobierno impulse “el título de Grado Medio de Conductor de Vehículos de Transporte o una mejora de la oferta formativa en ámbitos como la transformación digital, el transporte multimodal y la conducción eficiente”.
CETM ha aprovechado para incluir en su abanico de propuestas algunas de las reivindicaciones históricas de la organización, entre las que sus responsables citan “el cumplimiento de los plazos de pago, la reducción de los tiempos de espera, la prohibición de las labores de carga y descarga, la eliminación de los desvíos obligatorios a carreteras de peaje o la supresión de las restricciones a la circulación”.
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