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A pesar de que el TSJ del País Vasco y, posteriormente en forma de ratificación, el Tribunal Supremo, han considerado nulas las normas forales de implantación de peajes en las carreteras guipuzcoanas, la Diputación de este territorio inició a finales del pasado mes de Julio la tramitación de una nueva Norma foral para intentar establecer por tercera vez un sistema de peajes a camiones sobre todo en el trazado de la N-1 y la A-15. De aprobarse finalmente esta norma, no se llevaría a cabo antes del segundo semestre del próximo año.
Según informa la asociación profesional Fenadismer, la Diputación foral pretende someter a peaje prácticamente todo el trazado de ambas vías, a fin de tratar de no incurrir en los mismos “errores jurídicos” que afectaron a las regulaciones anteriores, para lo que plantea establecer hasta 32 puntos de control para el cobro del peaje, frente a los 4 existentes con anterioridad. Sin embargo, a fin de asumir la mayor inversión que supondría la medida, la Diputación propone incrementar sustancialmente el importe de los peajes, llegando a “triplicar” el precio exigido actualmente. Para Fenadismer, este proyecto supone una “venganza” hacia los transportistas por haber conseguido tumbar judicialmente por dos veces la primera medida recaudatoria.
Cabe destacar que tanto la N-I como la A-15, que se pretenden someter al nuevo canon, no se tratan de vías asimilables al de autopistas de alta capacidad en cuanto a su diseño y trazado y, sin embargo, el importe propuesto supera con creces el de la media de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto del territorio nacional. Según se ha informado, la cuantía del peaje propuesta para los camiones de mayor tonelaje asciende a los 0,28 euros por kilómetro recorrido, frente a una media de 0,19 euros en las autopistas de peaje españolas. Por ejemplo, en el caso de la autopista AP-68 que conecta Bilbao con Zaragoza el coste por kilómetro en la actualidad para un camión se sitúa en 0,16 €/km). Ello que implicará que cada camión deberá soportar un peaje por trayecto recorrido de hasta 14,80 euros, frente a los 5,94 euros que soportaba en la actualidad.
En relación con esto, el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián ha admitido a trámite e inicio de actuaciones a la querella interpuesta en su día por el conjunto de asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, contra la Diputada Foral de Infraestructuras, Aintzane Oyarbide, y contra la empresa pública Bidegi que gestiona el cobro de los citados peajes. La acusación de los representantes de los transportistas se centra en la “presunta desobediencia grave al no paralizar aún el cobro del actual peaje, pese a haber sido declarado nulo por el Tribunal Supremo”.
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