El 52% de los transportistas se ven «obligados a establecer plazos de cobro más largos que los acordados inicialmente«. Esta sencilla pero demoledora afirmación es una de las principales conclusiones incluidas en el último Informe de Pagos por Sectores de Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa.

Los cargadores tienden a agotar los tiempos marcados, que se sitúan, de media, en los 45 días desde la prestación del servicio. Más preocupante aún es lo que sucede con la Administración, que pese a disfrutar de plazos de pago de 42 días, «tarda de media 16 más en hacer efectivos sus pagos«, afirman desde Intrum Justitia.

Los transportistas consultados para la elaboración del estudio apuntan mayoritariamente (70%) a «las dificultades financieras de los deudores» como motivo de los retrasos. No obstante, más de la mitad de las empresas consultadas también cree que haya «intencionalidad en el retraso«. La dilación en el pago también se debe, según el informe, a «la ineficiencia de los departamentos de Administración (48%) y las disputas en torno al servicio brindado (30%)«.

Estas demoras a la hora de poder cobrar sus servicios ponen en entredicho la supervivencia de no pocas empresas de transporte, tal y como evidencia el citado estudio. En este sentido, hasta dos tercios de las compañías consultadas reconoce que la tardanza en los cobros «puede tener un impacto medio-alto sobre su liquidez«.

Estos problemas a la hora de poder cobrar en tiempo y forma los servicios que prestan tienen consecuencias muy directas en la actividad de los transportistas y en su capacidad para generar empleo. En este sentido, el informe recoge que «el 30% de las compañías afirma que podría ampliar sus plantillas si cobrasen antes«.

Y es que la morosidad genera un círculo vicioso que propicia que «las compañías que cobran tarde se vean forzadas a su vez a retrasar sus propios pagos«, circunstancia que ha aquejado al 83% de las empresas consultadas para la realización del informe.

Precauciones para evitar retrasos
El informe elaborado por Intrum Justitia refleja que los seguros crediticios y el cobro inmediato son las precauciones más populares para evitar retrasos en el cobro. La verificación crediticia, el pago por adelantado y las garantías bancarias son otras de las medidas que adoptan los transportistas para intentar cobrar sin sobresaltos.

«Son varias las alternativas que una compañía puede implantar dentro de sus procedimientos para gozar de una buena salud financiera, pero también es necesario hacer una llamada a la responsabilidad de los pagadores. En caso de que no sea posible hacer frente a una deuda, además de informar a la compañía afectada, recurrir a una empresa de gestión de cobro puede contribuir a encontrar la mejor vía para resolver esa situación de impago”, asegura Alejandro Zurbano, director general de Intrum Justitia y Lindorff en España.