La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PmcM), de la que forma parte Fenadismer, ha constatado “un aumento significativo de operaciones de confirming en las grandes compañías”. Se trata de “unos productos financieros que alargan los plazos de pago a proveedores o gestionan el cobro con unos considerables descuentos”, por lo que, “en ambos casos este medio de pago perjudica de manera importante a los proveedores de estas empresas”, afirman desde la PmcM.

Los responsables de la plataforma aseguran que los mencionados proveedores, generalmente pymes y autónomos, se ven sometidos a “una situación de vulnerabilidad e indefensión ante la reclamación de las facturas”.

Según datos de la Asociación Española de Factoring (AEF), “el confirming creció el año pasado un 4,80%, ascendiendo a 67.936 millones de euros. Junto con el factoring, representa un 18,35 % del PIB”, destacan desde la PmcM.

Otro de los problemas que lleva aparejada esta fórmula de pago es que, tal y como ha constatado la PmcM, muchas compañías consideran en sus memorias como pagadas “aquellas facturas a las que se ha comunicado un confirming al proveedor, si bien, estos recibos solo se cobran sin coste para el proveedor al vencimiento del ‘pago confirmado‘”, un proceso que puede llegar a dilatarse hasta 240 días.

Por eso, la plataforma ha emitido un comunicado en el que recuerda que las compañías “tienen la obligación de incluir en sus memorias corporativas información sobre los plazos de pago a proveedores”. Cabe recordar que “en el caso de las empresas del IBEX-35 estos informes son auditados -normalmente por alguna de las consultoras Big Four-, y sometidos al análisis de la CNMV”.

Antoni Cañete, presidente de la PmcM, sostiene que “el confirming está muy extendido en las grandes empresas, ya que tienen un volumen importante de deuda de este tipo y negocian con las entidades bancarias para obtener liquidez sin pensar en el proveedor, que sigue sin cobrar. Por ello, es crucial diferenciar los plazos de pago y los medios de pago: hay que obligar a abonar las facturas dentro de los 60 días de límite máximo que marca la ley y sancionar a las organizaciones que tengan la picaresca de alargar los plazos utilizando el confirming u otros productos financieros”.

Cañete subraya además que “en otros países la capacidad financiera de las grandes compañías se utiliza para ayudar a las pymes. En España muchas empresas siguen utilizando el confirming para que sus operaciones de compra sean rentables, además de ‘adulterar’ sus balances y auditorias. Esta situación deriva, como es lógico, en graves consecuencias para nuestra economía y empresas, que hay que evitar y sancionar cuanto antes”, destaca.