La esclavitud del siglo XXI defendida por algunos miembros de la Unión Europea

En la UE se está permitiendo el empleo de conductores en condiciones de semi-esclavismo.

Un reciente reportaje de la televisión lituana, ha destapado las prácticas abusivas en materia laboral de las principales empresas de transporte de ese país. Estas empresas, que son de las más grandes de la UE, contratan mayoritariamente chóferes provenientes de terceros países de la Unión, alcanzando el 90 por ciento de los 77.000 conductores profesionales que hay en el país.

Los conductores provienen de Ucrania, Bielorrusia, India o Filipinas, en los que los sueldos habituales son una tercera parte de los pagados en Europa. Según ha denunciado Fenadismer al hilo de la emisión de este programa, “los conductores se sienten atraídos por las promesas de buenos salarios y condiciones de trabajo en la UE, pero una vez contratados la realidad es otra, con salarios irrisorios, deducciones salariales inexplicables, nulos derechos y obligados a infringir permanentemente la normativa de seguridad vial y de tiempos de conducción y descanso”.

“Este fenómeno -recuerda Fenadismer- afecta directamente al mercado del transporte español ya que, conforme a los datos incluidos en el último Estudio sobre transporte internacional elaborado por el Ministerio de Transportes, sólo las flotas procedentes de Lituania controlan en torno al 6 por ciento del transporte internacional con origen o destino en España, situándose en la actualidad por encima incluso de las flotas búlgaras o rumanas”.

Según la denuncia que en su día presentó ante la Comisión europea la Eurodiputada española Izaskun Bilbao (PNV) en relación a estos fenómenos de precarización laboral y de distorsión del mercado de transporte, estimó en más de 150.000 los conductores profesionales originarios de terceros países que actualmente trabajan en empresas de transporte en toda la Unión Europea, en la que instaba asimismo a adoptar “medidas especiales de control que permitan a Bruselas asegurar que el nuevo Paquete legislativo sobre movilidad se aplicará de modo homogéneo en toda la Unión Europea”.

Frente a esto, ocho países beneficiados por la situación de explotación y competencia desleal de estos países, Lituania, Bulgaria, Chipre, Letonia, Polonia, Malta, Rumanía y Hungría, han hecho frente común para impedir la entrada del denominado Paquete de Movilidad de la UE que, entre otras cosas, obligará a los vehículos a volver a su base para evitar que se pasen seis meses o una año rodando por la UE con conductores traídos en coche desde bases a cientos o miles de kilómetros para trabajar hasta agotar sus horas de conducción, hasta que son sustituidos por otros trabajadores precarios.

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