La Diputación de Guipúzcoa, con el apoyo de las Juntas Generales, mantiene la aplicación de los peajes en diversos tramos de la N-1 y la A-15 para los camiones, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó el cobro de estos peajes por considerarlos discriminatorios.

Aunque la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, este también rechazó el recurso y confirmó la sentencia; mientras, el TSJ del País Vasco volvió a ratificar su oposición a la aplicación de esta tasa a los profesionales en un segundo juicio.

Para seguir cobrándolo, la Diputación de Guipúzcoa ha recurrido a interponer un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo a la primera norma foral que estuvo en vigor entre enero de 2018 y mayo de 2019. En el recurso, se insiste en que el sistema de peajes establecido fue admitido por la Comisión europea, y que por ello el Tribunal Supremo debería haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo antes de pronunciarse, ya que la jurisprudencia europea invocada no sería de aplicación al caso.

Como informa Fenadismer, tras la primera sentencia, la norma fue sustituida por una versión “maquillada” pero con la misma esencia y que es la que actualmente se sigue aplicando pese al pronunciamiento también en contra del TSJ y sobre el que deberá pronunciarse en los próximos meses el Tribunal Supremo.

Para la asociación de transportistas, el último recurso del gobierno guipuzcoano no tiene visos de ser admitido y una vez que se confirmen las dos sentencias, supondrá que la Administración provincial tendrá que devolver los más de 40 millones de euros recaudados hasta la fecha, más lo que se siga recaudando en los próximos meses, a los transportistas españoles y del resto de la Unión Europea que transitan habitualmente por territorio guipuzcoano.

Fenadismer ha señalado que los peajes han sido analizados “por tres veces por altos Tribunales y por tres veces lo ha declarado ilegal, por nada menos que por vulnerar un principio tan fundamental, como es el de no discriminación, por lo que cualquier artimaña judicial a la desesperada que pretenda llevarse a cabo para tratar de “entorpecer” los efectos de dicho pronunciamiento reiterado tan contundente, no van a conseguir “borrar” su carácter discriminatorio, por mucho que algunos pretendan ignorarlo”.