UNO ha emitido un comunicado en el que da la voz de alarma sobre la situación laboral del sector del transporte y la logística debido a los efectos económicos del coronavirus, que ya ha afectado a uno de cada cinco trabajadores vinculados a esta actividad. Según los datos que maneja la patronal, el número de afiliados se ha visto reducido en un 5%, lo que significa que “40.000 empleos han desaparecido”. Al mismo tiempo, 135.000 trabajadores del sector se están viendo afectados por ERTEs, “lo que significa que no se sabe qué va a pasar con ellos en el futuro”.

Por eso, desde UNO aseguran que “será fundamental que se permita ampliar las bonificaciones de los ERTEs de fuerza mayor hasta, al menos, el 31 de diciembre de este año con el objetivo de que las empresas puedan mantener la exoneración de las cotizaciones sociales y se mantengan en suspenso esos miles de empleos antes que tener que eliminarlos, “porque los problemas de inactividad de las empresas no van a cesar por decreto el 30 de junio. Vamos a necesitar muchos meses hasta que se normalice la actividad productiva”, señala el presidente de UNO, Francisco Aranda.

Aranda continúa su argumentación asegurando que “los ERTEs han ayudado a amortiguar el primer golpe de esta crisis, pero lo complicado llega a partir de ahora. El objetivo que perseguimos todos, y en el que debería ayudar el Gobierno, es que el mayor número de personas incluidas en ERTE puedan reincorporarse a sus empleos y que el resto también obtenga un puesto de trabajo”.

El presidente de UNO afirma que el Gobierno “tiene que ayudar a las empresas en la desescalada”. Para hacerlo, Aranda sugiere recuperar “el llamado contrato para lanzamiento de nueva actividad (de tres años) o extender el contrato eventual por circunstancias de la producción al menos a 24 meses”.

En su comunicado, UNO destaca que la situación extraordinaria que vivimos hace necesario poner en marcha “medidas igualmente extraordinarias, que aporten seguridad jurídica y estabilidad tanto a las empresas en su fase de desescalada como a los propios trabajadores”. Y continúa proponiendo “que en las nuevas contrataciones se bonifiquen un 100% las cotizaciones sociales durante el primer año y un 75% el segundo, como medida activadora del empleo”.

La patronal logística pide por último que, con el objetivo de “dotar de cierta certidumbre a las empresas”, es “esencial que se elimine cuanto antes la obligación impuesta por el Gobierno de no poder despedir para poder acogerse a la bonificación de las cotizaciones sociales de los ERTEs de fuerza mayor”. En opinión de los responsables de UNO, esta condición no es otra cosa que “una trampa que puede llevar a la quiebra a muchas empresas de tamaño mediano”.