La tramitación de la Ley francesa de lucha contra el cambio climático ya cuenta con el visto bueno del Consejo Constitucional y ha sido refrendada por ambas cámaras legislativas, por lo que entrará en vigor en breve. Según informa Fenadismer, incorpora medidas que podrían afectar negativamente al desarrollo del transporte por carretera y a las empresas francesas y a las españolas que transitan por sus carreteras.

Entre las medidas de la Ley que afectan directamente al transporte por carretera, destaca la prohibición de circulación de vehículos de transporte propulsados por combustibles fósiles en los ámbitos metropolitanos de las ciudades de más de 150.000 habitantes a partir del 31 de diciembre de 2024. En apenas 3 años, los vehículos diésel o de gasolina ya no podrán circular en dichas poblaciones, mientras que la disponibilidad de vehículos limpios seguirá siendo muy limitada.

También se prevé que se eliminará completamente la devolución parcial del impuesto sobre los carburantes (gasóleo profesional) el 1 de enero de 2030, lo que, según Fenadismer, resulta incongruente “ya que simultáneamente se permitirá seguir vendiendo vehículos que utilizan combustibles fósiles hasta el año 2040”, por lo que los transportistas serán gravados con impuestos elevados durante al menos 10 años.

Asimismo, nueva Ley prevé la posibilidad de diferenciar los precios de los peajes según el tipo de motorización o las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos. Para la asociación de transportistas española, “esto significa que además de pagar un alto precio por el diésel profesional a partir de 2030, los transportistas pagarán aún más en los peajes, pese a que esos mismos peajes se han incrementado en más de un 40 por ciento desde la privatización de las empresas que las gestionan”. La Ley también prevé que los Gobiernos regionales puedan implantar a partir de 2024 una “ecotasa” a los camiones por el uso de las carreteras nacionales francesas.

Fenadismer considera que dichas medidas son “una “cruzada” irracional y alejada de la realidad hacia el colectivo del transporte por carretera, que supone ignorar el servicio tan esencial que presta el sector para el desarrollo de las restantes actividades económicas y el suministro de los productos que demandan los ciudadanos diariamente”. La asociación recuerda por último que “hay que tener en cuenta que, según varios estudios científicos, los transportistas emiten menos del 6 por ciento de las emisiones de CO² a nivel nacional y el 1 por ciento de las emisiones a nivel mundial. El hecho de que los transportistas franceses paguen más impuestos no resolverá el problema del cambio climático, pero sí contribuirá a la “muerte” económica de los transportistas, especialmente de los de menor dimensión”.