José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA),  ha explicado durante la presentación, junto a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, a la hora de implantar un sistema de pago por uso en la Red de Carreteras del Estado, el Gobierno lo plantearía de un modo “casi testimonial, más por principio de responsabilidad que por afán recaudatorio”.

El ministro de Transportes ha señalado también en rueda de prensa que “no está decidido” el pago por uso en autovías, y mucho menos el importe de los peajes. El Gobierno ha incluido la tarificación de las carreteras de alta capacidad dentro de las reformas que acompañan al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero el ministro ha explicado que dependerá del respaldo del Congreso a la reforma regulatoria necesaria.

Tras insistir en que la medida no saldrá adelante si no cuenta con el apoyo parlamentario para sacar adelante la reforma correspondiente, Ábalos , ha recurrido a la máxima de «quien usa paga, igual que quien contamina paga», aunque también ha explicado que sus compromisos con el sector de transporte están “plenamente vigentes”. El ministro ha argumentado que en todos los países de la Unión Europea aplican un sistema u otro de pago por uso de autovías, mientras que en España no existe nada para sufragar el mantenimiento de nuestra red de alta capacidad.

El Ejecutivo ha eludido relicitar las concesiones de autopistas que han ido venciendo en los últimos tres años (AP1, AP2, AP4 y AP7), lo que sumado al rescate de las radiales, ha incrementado en más de 1.700 kilómetros la infraestructura viaria de alta capacidad que se mantiene con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esa mayor factura hace necesario, desde el punto de vista del ministro, acometer el debate de la financiación de las carreteras.

A pesar de las declaraciones del Ministro, según ha podido saber Fenadismer, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ya trabaja en el texto del Anteproyecto de Ley con la intención de aprobarlo en Consejo de Ministros el próximo mes de Junio, para que una vez aprobada definitivamente la ley, se establezca un plazo de 2 a 3 años para desarrollar los instrumentos normativos y crear la infraestructura técnica necesaria en la red viaria que permita implantar el sistema de pago a nivel nacional.

En todo caso, el propio Gobierno reconoce que el principal “riesgo de rechazo” lo va a recibir por parte del colectivo de transportistas profesionales, tomando como referencia la experiencia vivida en Francia, en la que el Gobierno galo intentó hasta en 5 veces establecer una tasa similar en las carreteras francesas, lo que contó con un fuerte rechazo por parte de los transportistas de aquel país, obligándole a abandonar dicho proyecto y sustituirlo finalmente por un recargo en el impuesto de hidrocarburos.