El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno ayer 13 de abril retoma el viejo proyecto de desarrollar un sistema de pago por el uso en las carreteras de alta capacidad; un asunto sobre el que el ejecutivo se había comprometido a no introducir en la legislación española sin el consenso del sector.

Según indica el Plan, la norma de pago por uso deberá regular “entre otras cuestiones, la fiscalidad y la financiación del transporte”, por lo que se prevé “introducir un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”. En este sentido, se especifica que “es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras».

El Plan señala que se aprovecharán “las oportunidades de la tecnología en el sector del transporte y la movilidad para avanzar hacia la descarbonización de la economía”. La norma, que se desarrollará en los próximos meses, incluirá la regulación de actividades que estén relacionadas con todas las actividades del transporte y la movilidad e incluirá cuestiones como la fiscalidad, los combustibles alternativos, las inversiones o la financiación del transporte público, con especial atención al urbano.

Cabe recordar que, ya en noviembre de 2020, el ministro de Transportes José Luis Ábalos afirmó, en el marco del primer Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por el diario El Español, “con el presupuesto actual no habría pie para hacer obra nueva si tenemos que pagar el mantenimiento de estas vías. Además, no hay que olvidar que, a medida que vayan finalizando las actuales concesiones, aumentarán estos costes. En todas las infraestructuras de transporte -aeropuertos o ferrocarriles- se paga por el uso y no hay debate. Creo que estamos en un escenario de asumir retos”.

Además, Ábalos especificó que “nadie se plantea tratar a todos los que transitan de la misma manera, ni tener unos territorios con peajes que otras regiones no tienen. Hay que aplicar un principio de igualdad territorial y discriminar los ciudadanos por el uso que hagan de las infraestructuras. A las personas que las tienen que usar a diario y no tienen alternativa no hay que cobrarles. Existe tecnología para hacerlo”.

Se da la circunstancia que estas palabras se manifestaron cuatro meses después de que el Comité Nacional del Transporte por Carretera recibiera el compromiso por escrito del secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura García, de que “no se implantará ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”, en referencia a la posible imposición de algún tipo de pago por usos de las infraestructuras. Desde entonces, el sector no ha sido convocado para el diseño de un sistema de posibles pagos por uso de las infraestructuras, ni para ser informado de la existencia de este plan.