Algunas Comunidades Autónomas no incluyen a los transportistas en las ayudas covid

Las Comunidades de Madrid, Valencia o Andalucía aún no han concedido las ayudas al transporte.

La puesta en marcha de la línea de ayudas por importe de 7.000 millones aprobada por el Gobierno el pasado mes de Marzo, para ayudar a los diferentes sectores económicos a hacer frente a las consecuencias de la covid-19, cuya gestión se ha encomendado a las Comunidades Autónomas, está siendo un ejemplo de desconcierto y descoordinación, ya que a fecha de hoy muchas Comunidades Autónomas siguen sin haber puesto en marcha dichas ayudas para el sector del transporte de mercancías. Fenadismer ha denunciado esta situación, considerando incoherente e incomprensible que pese a que el Gobierno posibilitara finalmente que las Comunidades Autónomas pudieran incluir a los transportistas de mercancías de la línea de 7.000 millones de euros de ayudas por reducción de su actividad en 2020 por el covid, sin embargo aún hay Gobiernos autonómicos que siguen excluyéndolos de la posibilidad de solicitarlas.

Las Comunidades Autónomas están adoptando posiciones dispares en relación a la inclusión o no del sector del transporte de mercancías en dichas ayudas, lo que demuestra la poca sensibilidad de sus Gobiernos autonómicos con el sector del transporte por carretera. Tal es el caso de las Comunidades de Madrid, Valencia o Andalucía, que contrasta con la inclusión en dichas ayudas realizadas por los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Castilla-León o Navarra. Por ello, Fenadismer va a solicitar a las restantes Comunidades Autónomas que aún no han convocado las ayudas en sus respectivos ámbitos, para que sea incluido el sector del transporte de mercancías al haber sido afectado directamente por la pandemia en muchos de los subsectores de actividad, al igual que los restantes sectores económicos

Cabe recordar que esta línea de ayudas tiene carácter finalista, por lo que una vez concedidas deben aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hubieran originado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de este año, debiendo comprometerse el autónomo o pyme beneficiaria a mantener su actividad al menos hasta el 30 de junio de 2022.

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