Revista
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido recientemente a varias personas, entre las que se encuentra un jefe de Sección de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de Murcia, en el marco de una investigación sobre las presuntas irregularidades en la impartición de los cursos de formación necesarios para la obtención de los Certificados de Aptitud Profesional (CAP).
El alto funcionario detenido hace unos días ya duerme en la cárcel después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia decretara contra él prisión incondicional. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha informado de que otro de los detenidos por su vinculación con la trama, propietario de una empresa de transporte de mercancías por carretera con sede en Molina de Segura, ha sido puesto en libertad sin fianza. Eso sí, se han presentado cargos contra él, el juez le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir de España y le ha ordenado comparecer periódicamente en el Juzgado.
La UDEF ha detenido además a otros tres hombres y a una mujer en el marco de la operación. Aunque nada ha trascendido de su situación procesal por cauces oficiales, algunos medios locales apuntan a que podrían haber sido puestos en libertad con cargos.
Aunque el Juzgado número 3 de Cartagena, que es el encargado de coordinar las actuaciones que se están llevando a cabo en diversas localidades murcianas, ha declarado las diligencias secretas, sí ha trascendido que la investigación policial ha podido confirmar la presunta existencia de una trama dedicada a la falsificación de los CAP. En concreto, los participantes en la red criminal habrían otorgado “más de un millar” de estos certificados sin necesidad de que los conductores tuvieran que completar los cursos de formación necesarios para su obtención.
La operación policial se ha saldado además con varios registros, uno de ellos en la compañía de transportes con sede en Molina de Segura propiedad del empresario detenido. Los agentes han registrado incluso la propia sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia.
La Consejería niega que haya una trama
Pese a ello, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, ha negado la existencia de una red organizada dedicada al fraude en la formación de los transportistas. “Aquí no existe ninguna trama y, desde luego, no se puede poner en tela de juicio la actuación de todo el equipo de la Dirección General de Transportes, la Consejería de Fomento ni de la Administración regional y, por supuesto, del resto de los funcionarios, por el hecho de que alguna persona concreta pudiera haber cometido alguna irregularidad”, ha asegurado.
El consejero ha anunciado la apertura de una investigación interna para determinar el alcance del fraude formativo en el transporte murciano para “depurar las eventuales responsabilidades”. Rivera no ha descartado la posibilidad de ordenar “la anulación de algunos de los títulos que se hayan dado” por cauces irregulares. El titular de Fomento ha anunciado además que la Consejería que dirige “se personará en las diligencias judiciales”.
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