Por Samir Awad, miembro del Think Tank Movilidad.- El transporte ha demostrado, desde la declaración del estado de alarma (y lo va a seguir demostrando durante los próximos duros meses), que es un servicio esencial. A veces se nos olvida y es normal que sea así. Esto sucede por dos motivos fundamentalmente. El primero es que se trata de una actividad intermedia, es decir, no nos movemos ni movemos mercancías “por gusto”, sino que es una prestación de servicios necesaria para el desarrollo de otras actividades, que son a las que de verdad otorgamos un valor. El segundo, y quizá más representativo del buen hacer del sector, es que no solemos darnos cuenta de que está presente, algo habitual en los servicios que funcionan bien. Porque, cuando algo funciona mal, notamos su ausencia mucho más de lo que valoramos su presencia cuando funciona adecuadamente.

En este sentido, nos encontramos en un momento crucial para el transporte, tanto de viajeros como de mercancías, pues la pandemia del SARS CoV-2 ha sacudido el sector hasta un punto en el que, esperemos que no, podríamos comprobar cuánto lo echaríamos de menos si no estuviera. Hablamos de problemas de naturalezas diferentes en cada modalidad, en los cuales quiero incidir a continuación, centrándome en el transporte por carretera.

El transporte de mercancías por carretera ha sido presionado hasta el máximo de su capacidad para garantizar la viabilidad del resto de actividades esenciales. La muestra de ello fue la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se flexibilizó temporalmente (por ahora, hasta el 31 de mayo), el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso de los trabajadores.

Mientras el sector redoblaba sus esfuerzos, se han puesto de manifiesto, sin embargo, las importantes deficiencias infraestructurales para garantizar que los empleados del sector puedan disponer de unas instalaciones adecuada para su aseo e higiene. En este sentido, la protección a los trabajadores es, en definitiva, la protección a toda la sociedad pues, frente a un virus del que aún se sabe tan poco, somos tan vulnerables como el eslabón más fácilmente atacable por el virus y es necesario resolver con premura este problema.

Desde la Unión Europea se debería ayudar a construir una red de áreas de descanso específicas para el transporte por carretera, que proporcione servicios de alojamiento y restauración y parking con seguridad física garantizada, tanto para los profesionales como para la mercancía y los vehículos.

Pensando, no ya en lo evidenciado estas semanas, sino en lo que vendrá, es necesario evaluar los costes inducidos de la prestación de servicios de transporte de mercancías en unas condiciones que serán diferentes a las anteriores a la crisis (menor producción, menores ingresos familiares, más paro, etc.), generando mecanismos de pago que eviten una caída del sector por causa de la coyuntura económica.

Siempre se discute la obligación del servicio público del transporte, pero, en la circunstancia que estamos viviendo, parece que esos debates quedan (al menos temporalmente), superados y queda clara la necesidad de cuidar el sector. Para ello, el primer paso a dar es garantizar que se cumplan los periodos de pago establecidos en la ley, tanto por parte de las Administraciones Públicas como de las empresas privadas; en el medio y largo plazo, existe la necesidad de buscar mecanismos que permitan la supervivencia del sector, adaptadas a cómo se desarrollen los acontecimientos.

Sería momento, también, para reconocer la importante contribución de los trabajadores del sector, avanzando hacia la armonización de las condiciones laborales y de conducción, a través de directivas europeas que mejoren su calidad de vida.

En definitiva, nos enfrentamos a una situación de difícil gestión, con gran incertidumbre y donde todo es nuevo para nosotros. Pero hay algo que tenemos claro: debemos cuidar los sectores esenciales y, entre ellos, al transporte. Por este motivo, es necesario plantear soluciones que, poniendo en primer lugar la seguridad sanitaria de empleados y usuarios, planteen cómo debe ser la gestión de los servicios de transporte por carretera y, para eso, es imprescindible la interlocución de las Administraciones Públicas, en sus distintos niveles, con los operadores y sus representantes asociativos.