La empresa Transportes Martínez Souto entró en suspensión de pagos a principios de 2018, con lo que afectó a más de 700 transportistas que trabajaban habitualmente para dicho operador logístico y que se quedaron, en distintas cuantías, con numerosos impagos. Desde entonces se abrió un proceso legal en el que se esperaba que, tras la declaración de concurso de acreedores y el señalamiento de los directivos de la empresa como responsables, los acreedores pudieran cobrar.

Pese a la posición en contra de la acusación y del informe del administrador concursal advirtiendo del quebranto ocasionado a la empresa por sus inversiones inmobiliarias y los voluminosos préstamos personales concedidos en favor de su propietario, la jueza ha acordado rechazar el concurso de acreedores como culpable declarando el caso como fortuito, lo que en la práctica imposibilitará que los transportistas puedan cobrar lo que se les adeudaba.

Un concurso de acreedores declarado fortuito se produce cuando se considera que el caso o la situación de insolvencia no es imputable al deudor, sino que se debe a situaciones de adversidad o coyunturales de las condiciones del mercado. Por lo tanto, no se incurre en culpa o dolo grave en la generación de la situación.

En febrero de 2018 el operador de transportes y distribución de paquetería industrial Transportes Martínez Souto cesó en la prestación de servicios a sus clientes e incurrió en el impago a buena parte de sus proveedores, entre otros, los más de 700 transportistas que de forma habitual trabajaban para dicho operador logístico, acumulando faltas de cobro de hasta 6 meses de facturación de sus servicios. Ello obligó a la empresa a la tramitación del correspondiente concurso de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, por tener allí su sede principal, comprobándose que la deuda acumulada con sus acreedores superaba los 70 millones de euros.

La sentencia resolutoria, dictada el pasado 24 de agosto por la titular del juzgado Mercantil número 2 de Pontevedra, exime a sus administradores y propietarios de cualquier culpa o responsabilidad en la gestión que derivó en la insolvencia de la empresa.

Según ha señalado la asociación de transportistas FENADISMER; a lo largo de estos 3 años de tramitación del concurso, se han ido poniendo en evidencia la existencia de importantes irregularidades en la gestión de la empresa que llevaron a la situación de suspensión de pagos en que quedó.

Así lo acreditó el administrador concursal designado por el juzgado quien, en su Informe Provisional emitido a finales de ese año, puso de relieve algunas de las actuaciones más relevantes que originaron tal insolvencia. Entre las acciones perjudiciales que se señalan, destaca su excesiva exposición a inversiones inmobiliarias de dudosa rentabilidad, ocasionando un “importante quebranto” por un importe cercano a los 6 millones de euros a finales de 2014. De igual forma, el administrador concursal destacó las inversiones financieras a corto plazo realizadas por la empresa “compuestas casi íntegramente por un crédito a favor del socio y administrador, Jesús Martínez Souto, que alcanzó los 13.776.131,16 euros”.

Por último, también se ha destacado por parte de la administración concursal la paralización “repentina y radical” de la actividad de la compañía -que se llevó a cabo a mediados de febrero de 2018-, que se realizó “de forma absolutamente precipitada, sin la planificación y coordinación que le correspondería a una empresa de esta dimensión”, teniendo en cuenta que la cifra de negocios de Transportes Souto en 2017 era superior a los 77 millones de euros.

La decisión judicial que ahora declara la situación concursal de Transportes Souto como fortuita imposibilitará en la práctica que los cientos de transportistas afectados puedan cobrar los importes que les adeudaba la empresa, al no poseer masa activa suficiente para hacer frente a las deudas de sus acreedores.