El Comité Madrileño de Transporte de Mercancías ha remitido al Gobierno regional el “Documento de Evaluación y de Propuesta de Medidas Económicas”, en el que se analiza la situación en la que las empresas de transporte de mercancías radicadas en Madrid se encuentran debido a la crisis sanitaria generada por la propagación del coronavirus.

La intención del Comité Madrileño de Transporte de Mercancías consiste en que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haga llegar a su vez este escrito al Ejecutivo de Pedro Sánchez y de este modo la Administración central del Estado adopte una serie de medidas que ayuden a los transportistas a superar la situación que les ha tocado vivir a causa de la expansión del Covid-19.

La primera demanda de los transportistas madrileños tiene que ver con la protección de sus propios empleados. “Imploramos que todo nuestro colectivo (asalariados y autónomos) sea considerado de atención especial en materia de protección sanitaria para dotarles de EPI’s de forma urgente”, sostiene el documento, que pide también expresamente la prohibición de las labores de carga y descarga por parte de los conductores “para permitir que dediquen su actividad diaria a la conducción del vehículo de transporte a fin de garantizar el abastecimiento de bienes y alimentos a la población y la economía en general”.

El comité pide también “el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y autónomos de hasta seis meses, debiendo hacerse frente a las mismas en un plazo de los 24 meses siguientes”, así como la “condonación de seguros sociales, reducción de bases imponibles o aquellas otras que a tal fin se pudieran estimar”.

ERTEs por causas de fuerza mayor
Los transportistas quieren también que las empresas del sector puedan acogerse “con seguridad jurídica a los ERTEs por causa de fuerza mayor”. Y solicitan además suprimir la disposición que obliga a las empresas que se acojan a un ERTE a mantener “el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”.

El transporte madrileño solicita asimismo “una moratoria fiscal para todas las empresas del sector del transporte público de mercancías, que incluya además a las empresas de dicho sector que hayan facturado más de seis millones de euros en el ejercicio anterior, pues son las que disponen y gestionan una mayor flota de vehículos, por lo que dan trabajo directo a un gran número de trabajadores y proveedores de transporte”.

Moratoria tributaria
Piden además que “el plazo de ingreso tributario del próximo 20 de abril por el primer trimestre de 2020 se prorrogue hasta el 30 de junio” y para aquellos acogidos al régimen de módulos reclaman “una rebaja del 50% en el pago del segundo trimestre por IVA e IRPF ante la perspectiva de un largo período de inactividad o fuerte reducción de la actividad”.

El comité madrileño pide también “que en los próximos dos meses las entidades bancarias suspendan la aplicación para empresas y autónomos de los punitivos intereses por mora y descubiertos en cuenta” y una “suspensión temporal de los vencimientos de las cuotas de leasing, renting y préstamos ordinarios de todos los activos fijos y vehículos de transporte (tanto con entidades financieras, como aquellas entidades financieras de las marcas) correspondientes al periodo de alarma, más la correspondiente al mes siguiente, para hacerlas efectivas al final del periodo del préstamo o alquiler, prorrogando un número de meses equivalentes a la moratoria otorgada”.

Más liquidez
En lo que a la tesorería de las empresas se refiere, los transportistas de la región subrayan la necesidad de “disponer de unas líneas de liquidez urgentes, a través de una línea especial de préstamos sin interés, donde se garantice el acceso a todas las empresas de transporte, con independencia de su volumen de facturación o números de vehículos”. Y exigen además “habilitar una línea a fondo perdido para garantizar las operaciones financieras a través de las Sociedades de Garantía Recíproca, que avalen estas operaciones, ya que las líneas ICO no admiten la intervención de las SGR”.

Y, puesto que “el combustible es uno de los mayores costes para las empresas de transporte”, las empresas de Madrid piden “financiar futuros repostajes y conceder una ampliación en los plazos para el pago de los suministros ya realizados”, así como “repercutir de una forma urgente el descenso del precio del carburante para el consumidor profesional, debido a las oscilaciones a la baja que en los últimos meses se están produciendo”.