A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo, avalando al anterior, hayan revocado definitivamente los peajes a camiones en la N-1 y la A-15, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha anunciado una tercera norma foral para extender, esta vez a todos los usuarios, el pago de peajes por el uso de las carreteras guipuzcoanas.

Según ha comunicado la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, “la Diputación se ve obligada a cambiar la forma de la normativa ante su empeño de seguir cobrando a los vehículos pesados y lo hará cueste lo que cueste”. Por su parte, la diputada foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide ha señalado que “no vamos a dar ni un paso atrás; seguiremos cobrando el peaje”, ya que la última sentencia del Tribunal Supremo no cuestiona “ni el canon ni los costes” aplicados a camiones en la A-15 y la N-1, por lo que ha dicho que seguirán cobrándose normalmente los peajes.

“En lugar de admitir la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo, que ha dado la razón al sector del transporte por carretera al considerar a los peajes injustos y discriminatorios, y no contenta con esta nueva astucia para seguir cobrando a los vehículos pesados, Oiarbide amenaza con analizar “uno por uno los casos de reclamación de los trasportistas”, ha señalado la CETM.

La patronal del transporte ha pedido a la Diputación de Guipúzcoa que “acate las decisiones judiciales y deje de perseguir a un sector que es vital para el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto” y ha anunciado que “ya trabaja enérgicamente en un sistema que facilite a sus empresas asociadas la reclamación de los importes abonados hasta el momento, así como los intereses de demora, y advierte que no permanecerá impasible ante la nueva norma que prepara la Diputación y emprenderá las acciones necesarias para dar fin a esta obcecación”.

Aunque la Diputación Foral dicte una tercera norma de cobro, parece difícil que se puedan echar para atrás la sentencias del TSJPV y del TS, por lo que lo cobrado hasta ahora es posible que se tenga que devolver a los transportistas gravados por una norma rechazada.