AMDPress.- La Plataforma Nacional de Consumidores Profesionales de Carburantes, a la que pertenece FENADISMER, ha valorado negativamente la propuesta de implantar un recargo impositivo adicional sobre los carburantes de entre 4 y 8 pesetas por litro (0,03-0,05 euros), dependiendo de la decisión que adopten, individualmente, las Comunidades Autónomas.

Juan Antonio Millán, secretario general de FENADISMER, aseguró ayer en rueda de prensa que la implantación del nuevo impuesto supone un incumplimiento manifiesto y una traición del Ministerio de Hacienda a los sectores profesionales respecto a los acuerdos alcanzados el año pasado. «“No podemos olvidar que Hacienda, ante las reiteradas peticiones del sector del transporte , se comprometió expresamente a mantener la fiscalidad en materia de hidrocarburos alegando normativa comunitaria».

Para Millán, la implantación del nuevo impuesto implicará que los sectores profesionales contribuirán en más de 90.000 millones de pesetas (5.409,91 millones de euros) a las arcas del Estado, más del 40% de lo que Hacienda espera percibir por este concepto. «“Una recaudación que, además, no se destinará a la sanidad pública como afirma el Gobierno. Estamos convencidos de que el dinero para financiar la sanidad hace que la medida sea aceptable ante la sociedad», apuntó.

El secretario general de FENADISMER declaró, asimismo, que la repercusión económica para los profesionales del transporte es muy alta. «“Un transportista tendrá un sobre coste de 250.000 pesetas anuales, dinero que no recuperará porque el sector tiene muchos problemas para repercutirlo en el precio que cobra a sus clientes».

En cuanto a las medidas de presión que realizará la asociación para lograr que el nuevo impuesto no tenga validez, destaca la convocatoria de movilizaciones, que se concretarán en un reunión celebrada por el Comité Nacional de Transporte el próximo 13 de diciembre. Por último, la Plataforma Nacional de Consumidores Profesionales de Carburantes ha anunciado que promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto, «“basándonos en que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado no puede incluir, en ningún caso, una modificación de los impuestos» apuntó Millán.