El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 13 de mayo la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE). La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) comparte buena parte de los objetivos de la norma, pero disiente profundamente tanto de las formas empleadas durante su tramitación parlamentaria como de la visión absolutamente limitada y sesgada de las vías contempladas por el Gobierno para alcanzar estas metas.

La LCCTE apuesta de forma casi exclusiva por una electrificación masiva del parque automovilístico español para alcanzar la neutralidad climática en 2050. A pesar de que las estaciones de servicio independientes que conforman CEEES están convencidas de que la movilidad eléctrica debe ser un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático y el avance hacia un transporte sostenible, lo cierto es que ésta no puede ser la única carta a la que fiar la descarbonización de la movilidad y la economía.

La electromovilidad no puede ser el único camino en la lucha contra el cambio climático, tal y como parece que pretende el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En este sentido, CEEES tiene muy claro que el futuro será multienergético y las estaciones de servicio dispensarán la energía que nos demanden nuestros clientes. Para conseguir este objetivo, CEEES propuso a las formaciones políticas con representación parlamentaria una serie de enmiendas que, lamentablemente, no han sido aceptadas ni en el Congreso ni en el Senado. Los cambios sugeridos por CEEES tenían como objetivo el despliegue de una red suficientemente mallada de infraestructuras de recarga y repostaje de combustibles alternativos.

En su artículo 15, la LCCTE aprobada el jueves en el Congreso obliga a las estaciones de servicio con mayores volúmenes de ventas de gasolina y gasóleo a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Sin embargo, tal y como CEEES ha explicado en reiteradas ocasiones al Ministerio que dirige Teresa Ribera, imponer cargadores eléctricos en esas instalaciones no satisfará las necesidades de los usuarios de coches eléctricos, pues las gasolineras que más venden son las más frecuentadas por camiones, en las inmediaciones de los pasos fronterizos, puertos o polígonos industriales y plataformas logísticas.

Con obligaciones relacionadas con el volumen de ventas de carburantes no se conseguirá una malla tupida y sostenible en las principales vías de comunicación. Por eso, CEEES propuso al Ministerio seleccionar criterios como la ubicación o proximidad a las poblaciones, o la proporción de venta exclusivamente de gasolina (que es directamente proporcional al número de turismos o vehículos ligeros que visitan las estaciones de servicio). Así se contempla en los proyectos europeos de desarrollo de infraestructuras de suministro de energías alternativas para el transporte, como los CEF (Connecting Europe Facility).

La propuesta de CEEES daría como resultado una red de infraestructuras de recarga eléctrica más sensata y útil que la que contempla la LCCTE. Seguir el criterio del volumen de ventas servirá sólo para poner chinchetas en el mapa y caer en la autocomplacencia, sin lograr la instalación inmediata de puntos de recarga en las zonas que más lo necesitan si queremos avanzar hacia una movilidad más sostenible.