La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra Austria con respecto a la aplicación en el país centroeuropeo de su “Ley para combatir el dumping salarial y social” en el sector del transporte de mercancías por carretera. El Ejecutivo comunitario -que ya ha incoado expedientes similares contra Francia y Alemania– sospecha que esta norma puede “restringir desproporcionadamente el mercado interior europeo”.

En un comunicado difundido a los medios, la Comisión Europea recalca que aunque apoya totalmente el principio de salarios mínimos, la aplicación de la mencionada ley a todas las operaciones de transporte con origen o destino en territorio austriaco “restringe la libertad de proveer servicios y la libre circulación de mercancías de un modo desproporcionado”.

Más concretamente, la aplicación de las medidas austriacas a las operaciones de transporte internacional que “no tienen un vínculo suficiente con Austria no pueden, según la Comisión, ser justificadas, pues crean desproporcionadas barreras administrativas que impiden que el mercado interior europeo funcione apropiadamente”, explican desde Bruselas.

La Comisión considera que “hay disponibles medidas más proporcionadas para salvaguardar la protección social de los trabajadores y para asegurar una competencia leal a la vez que se permite la libre circulación de servicios y bienes” en el seno de la Unión Europea.

Tras mantener una serie de negociaciones con las autoridades austriacas, la Comisión ha decidido enviar una carta al Gobierno austriaco en la que le informa formalmente de la incoación del expediente, lo que constituye el primer paso del procedimiento de infracción.

Ahora, el Gobierno del Estado centroeuropeo tiene un plazo de dos meses para responder a Bruselas y explicar al Ejecutivo comunitario cuáles han sido sus razones para impulsar el salario mínimo en el transporte cuya legalidad cuestiona ahora la Comisión.

Puesto que otros socios europeos ya han puesto en marcha en sus respectivos territorios “legislación comparable” que tiene “efectos adversos en el mercado interior”, la Comisión Europea ya trabaja en “una solución sostenible a esta cuestión”. Bruselas pretende lograr un “equilibrio entre la protección social de los trabajadores del transporte por carretera, la competencia leal y la libertad de proveer servicios de transporte transfronterizos”.