La movilidad está de moda. Lo vemos con la proliferación de políticas de movilidad, ordenanzas, ministerios y hasta una propuesta de ley. Gobiernos, instituciones, comunidades y ayuntamientos quieren liderar cualquier medida vinculada al desplazamiento en las ciudades. Esto en sí no tiene por qué ser ni positivo ni negativo, pero no podemos caer en el error de que, precisamente por estar de moda, se quede tan solo en una mera herramienta de marketing. En un apellido para iniciativas de toda índole.

La evolución que han experimentado las ciudades y las sociedades ha lanzado a la palestra el desafío de regular más y mejor el tránsito en ciudad. Ahora, el verdadero reto consiste en darle una solución realista y sostenible a cómo nos desplazamos y, para ello, hay que profundizar en las verdaderas palancas de cambio para lograr una movilidad que traspase las modas.

El regulador debe tener muy presente que la distribución urbana de mercancías es un servicio básico para todos los ciudadanos (independientemente del área de la ciudad donde residan); que toda movilidad debe ser sostenible económica, social y medioambientalmente y, además, tiene que ir de la mano de una estrategia realista, basa en datos y diseñada con las herramientas que a día de hoy la tecnología, la digitalización, el big data y el internet de las cosas nos permiten.

A esta receta habría que añadir más ingredientes como el consenso con los sectores afectados. El intento de cierre de Gran Vía sin previo aviso hace un par de años o, más recientemente, Madrid Central, son claros ejemplos de que la toma de decisiones sin planificación ni consenso no son la solución. Sólo contando con el sector se podrá mejorar el  medioambiente sin afectar a la sostenibilidad de nuestra actividad empresarial, que es básica para la vida de la ciudad.

Las administraciones deben asumir la digitalización como un instrumento esencial a la hora de regular cuestiones como la circulación, porque las herramientas para ello ya están en el mercado y su coste, a día de hoy, es asumible. El sector apoya una movilidad sostenible pero con seguridad jurídica, con planificación y huyendo de la improvisación. Eso supone regular la circulación y los accesos a determinadas zonas de una manera realista y la toma decisiones basadas en los datos reales del tráfico en cada caso, zona y momento. La renovación de las flotas requiere de elevadísimas inversiones económicas y la seguridad jurídica, así como un plan de ayudas estructural, es clave para que se materialicen.

Es preciso establecer periodos más flexibles de transición hacia vehículos de energías renovables y acordes a la oferta real de vehículos de este tipo para el reparto. Parece evidente, pero es muy importante establecer un mayor margen de tiempo en los calendarios para la adaptación de las flotas, tanto para poder renovar como para que se pongan en el mercado soluciones tecnológicas, que actualmente no existen, que den respuesta a todas las necesidades logísticas. Otros ingredientes básicos serían: reforzar la red de puntos de recarga de vehículos sostenibles respetando la neutralidad energética, ampliar las ventanas horarias de reparto en las zonas con restricciones o fomentar la distribución nocturna.