Revista
La Fiscalía belga acusa a Roland Jost de varios delitos./Jost Group
Roland Jost, director general de la multinacional belga de transporte de mercancías Jost Group, se enfrenta a varios años de prisión después de que la policía belga haya registrado hasta 20 oficinas del grupo y la Fiscalía del país europeo le acuse de varios delitos, prácticamente todos ellos relacionados con el denominado dumping social que sufren los transportistas de buena parte de Europa.
Entre los delitos que la Fiscalía imputa a Jost destacan pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación, estafa, declaraciones inexactas o incompletas relativas a las contribuciones sociales, falta de pago de las contribuciones a la Seguridad Social e incluso tráfico de personas.
La Justicia belga sospecha que Jost Group lleva años incurriendo en prácticas ilegales contratando conductores del Este de Europa para trabajar en Bélgica con las condiciones laborales de sus países de origen. Gracias a este dumping social de libro, los responsables de la compañía belga habrían contratado a 1.100 conductores valiéndose de sus filiales en Polonia y Rumanía.
Fraude millonario
Los responsables de la empresa afirman que han contratado tal cantidad de conductores foráneos debido a la escasez de chóferes profesionales en Bélgica. Sin embargo, las autoridades del país centroeuropeo creen que gracias a estas prácticas la compañía ha dejado de pagar 55 millones de euros a la Seguridad Social belga sólo entre 2014 y 2016.
Las redadas llevadas a cabo tanto en el cuartel general de Jost Group como en varias de sus oficinas comerciales se saldaron con la detención de varios directivos de la compañía, entre los que se encontraban el director de la división de Transporte y el de Recursos Humanos, además de el propio Roland Jost.
Relevo en la dirección
A pesar de que el gerente de la compañía ya ha sido puesto en libertad con cargos, la empresa belga ha decidido relevarlo al frente de la entidad para que pueda centrarse en su defensa. Roland Jost ha sido sustituido como consejero delegado por Eric Demonty, quien asumirá las tareas de dirección de Jost Group mientras dure la investigación.
De momento, la compañía ha emitido un comunicado en el que rechaza las acusaciones formuladas por la Fiscalía belga, achaca la contratación de conductores extranjeros a la falta de profesionales nacidos en Bélgica. “Trabajamos con gente de otros países europeos tal y como permite la legislación comunitaria”, afirman desde la entidad, cuyos responsables aseguran ser “altamente conscientes de las condiciones de trabajo de nuestros empleados”.
Sólo la punta del iceberg
Por el contrario, John Reynaert, del sindicato socialista ABVV, organización que ya había puesto el foco del dumping social sobre Jost Group, se ha congratulado de que “por fin se haya hecho algo contra una compañía” de la que se cuentan “historias terribles de personas que no ven nunca a sus familias porque esperan ganar mucho más dinero en Bélgica y Luxemburgo (donde Jost tiene su sede) que en sus países de origen”.
Según Reynaert, estas prácticas, además de haber expulsado de la compañía a los conductores belgas, propician que los chóferes del Este de Europa vivan en condiciones muy precarias, llegándose a denunciar incluso “terribles historias de gente que en ocasiones no cobraba su salario o era despedida si tenían un conflicto con la empresa”.
En cualquier caso, el sindicalista sostiene que la operación llevada a cabo por las autoridades belgas a lo largo de la semana pasada es “sólo la punta del iceberg”, pues su organización dispone de “largas listas de gente empleadas por compañías con sede en Bratislava, por ejemplo. A esta operación seguirán muchas más”, sostienen desde la ABVV.
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