El Gobierno de Navarra y los grupos parlamentarios PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra han alcanzado recientemente un principio de acuerdo con el que, con el pretexto de "financiar y mejorar las carreteras como servicio público", planean implantar peajes para camiones en cinco carreteras de alta capacidad de la comunidad foral.

La propuesta del Ejecutivo regional, a la que se han adherido los mencionados grupos parlamentarios, prevé establecer "peajes exclusivamente a vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68)". Una iniciativa que, según el propio Gobierno, "se fundamenta en los principios europeos de 'quien usa paga' y 'quien contamina paga' y posibilitará ingresar hasta 45 millones de euros anuales, con carácter finalista, que permitirían abordar las necesidades existentes desde hace años en materia de carreteras".

Los planes de la mayoría de los partidos han desatado las iras de los transportistas navarros que, en un comunicado que firman de manera conjunta Anet y Tradisna, comparten el objetivo de "la mejora de las infraestructuras y vías de comunicación de Navarra ", que consideran "de vital importancia" en el proceso de recuperación de la región tras la crisis del coronavirus. Pero añaden que "esa reactivación no puede sentarse sobre unas bases discriminatorias e injustas".

Por eso, pese a valorar "positivamente" que "los poderes políticos y el Gobierno de Navarra aborden de manera urgente" la mejora de unas carreteras que "han estado muy abandonadas en los presupuestos de Navarra desde hace más de una década", alertan de los peligros de la implantación de un sistema de peajes para camiones en las autovías y autopistas de la comunidad.

El ejemplo de Guipúzcoa
Entre esos riesgos destacan la posibilidad de que en Navarra se reproduzca la situación vivida en Euskadi, donde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "ha dado nuevamente la razón al sector del transporte de mercancías por carretera anulando el cobro de peajes a camiones en la A-15 y en la N-I en Guipúzcoa por considerarlo discriminatorio".

De hecho, el TJPV ha condenado en costas a las Juntas Generales y a la Diputación Foral, por lo que Anet y Tradisna destacan en su comunicado conjunto que "no parece prudente que el Gobierno de Navarra trabaje sobre una base de inseguridad jurídica".

Falta de transparencia
No es el único reproche que hacen los transportistas al Ejecutivo regional, a quien acusan de no ser transparente a la hora de comunicar el origen de los datos que utiliza como pretexto para proponer los peajes para los camiones.

"Desconocemos los datos reales sobre los que se basa la intención del Gobierno, tanto de volumen de tráfico real, como de previsión de ingresos, el destino final de los mismos, el coste que generará la implementación del sistema de control de peajes, así como los gastos de constitución y funcionamiento de la sociedad pública que se va a crear a tal efecto. No sabemos cómo obtiene el Gobierno de Navarra sus cálculos ni qué indicadores los soportan", afirman Anet y Tradisna.

Tampoco hay diálogo
Y critican además la falta de diálogo por parte del Gobierno foral, con cuyo consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, los transportistas se han reunido en una única ocasión. Y en ese encuentro, Ciriza sólo "expuso sus intenciones, sin abrir ninguna opción de escuchar las propuestas de nuestro sector. Aun así, queremos creer al consejero en las declaraciones que realizó este miércoles pasado, y en las que habla de abrir un diálogo que, hasta fecha de hoy, no ha existido", afirman ambas asociaciones.

Y reclaman la reactivación de esas negociaciones porque "no podemos permitirnos poner en juego la supervivencia de 10.000 familias que viven del transporte en Navarra", un colectivo que "sale muy debilitado de esta crisis y están en riesgo miles de puestos de trabajo".