El Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha remitido un Oficio a las Policías competentes en materia de tráfico (Guardia Civil, Mossos de Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra), para que instruyan atestados por delito de falsedad en documento oficial en casos de manipulaciones de tacógrafos de camiones y autobuses que alteren los registros del instrumento con la finalidad de sortear los controles policiales y administrativos: “La manipulación esconde el hecho de ir más deprisa, con menos horas de descanso vulnerando la legislación”, ha dicho Vargas en una rueda de prensa en la que ha explicado esta nueva iniciativa de la Fiscalía.

Esta iniciativa del Fiscal se ampara en una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 15 de enero de 2020, que considera que el documento que se extrae del tacógrafo debe ser considerado a los efectos jurídico-penales como documento oficial, ya que el tacógrafo y sus mediciones no tienen otra finalidad que el control del transporte por carretera por parte de la Administración. Por tanto, a partir de ahora la alteración del tacógrafo podrá ser castigado con una pena de hasta tres años de prisión.

En materia de autoría, señalado el Fiscal, "caben todas las formas de complicidad", lo que supone que la investigación no solo se limitará al conductor, sino también al titular, encargado o empleado de la empresa propietaria del vehículo o del taller o cualquier otra persona que lleve a cabo estos comportamientos de manipulación.

También ha dado indicaciones para la investigación de eventuales situaciones de abuso laboral conectadas con la manipulación de estos instrumentos que registran la velocidad y las horas de conducción en vehículos profesionales, así como de la siniestralidad de las furgonetas de reparto de las mercancías por carretera. "Se trata de conductas aisladas, que deben ser erradicadas del sector del transporte, que en nuestro país funciona de forma eficaz y con calidad", ha resaltado el Fiscal Vargas.

La clave, la prevención
Vargas ha destacado que la clave es la prevención de estos comportamientos tan peligrosos. Por eso, esta Fiscalía actúa en coordinación con la Fiscalía de Siniestralidad Laboral y la de Extranjería. Además, el Fiscal de Sala ha anunciado que los Fiscales Delegados de Seguridad Vial mantendrán contactos y elaborarán Protocolos de Coordinación con la Dirección General de Tráfico, Dirección General de Transportes por Carretera, Consejerías de Transportes, Asociaciones de Empresarios y Sindicatos de Trabajadores, desde la perspectiva de la calidad, eficacia y prestigio del transporte nacional y europeo de mercancías y viajeros de nuestro país.

Actuaciones policiales   
El Fiscal ha estado acompañado por dos responsables de tráfico de Mossos d'Esquadra y dos guardias civiles que han explicado el funcionamiento del tacógrafo y sus diferentes formas de manipularlo: con un imán, cortando la corriente de contacto del tacógrafo, manualmente o con mando a distancia, entre otras. "Estas conductas ponen en riesgo la seguridad de todos los que circulamos por las carreteras, puesto que la manipulación de tacógrafos desconecta los sistemas de seguridad de los camiones, como el ABS o el control de velocidad", ha afirmado Andreu González, Cap de la Divisió de Tránsit, quien ha recordado que en los últimos diez años los Mossos han realizado trescientas intervenciones en esta materia.

“El objetivo es simular un registro ficticio de descanso cuando se va conduciendo y eso supone un grave peligro para la seguridad vial”, ha destacado José Antonio González Fernández, Guardia Civil de la Escuela de Tráfico.

Asimismo, según ha señalado el fiscal, la investigación no solo se limitará al conductor, sino también al titular, encargado o empleado de la empresa propietaria del vehículo o del taller que lleve a cabo dicha manipulación. De esta manera, la investigación podría centrarse en averiguar si los empresarios son conocedores de esas prácticas y si las permiten con el objetivo de que se lleven a cabo más horas de conducción.

Por otra parte, Vargas ha asegurado que se pondrán en contacto con la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Transportes por Carretera, las consejerías de transportes, las asociaciones de empresarios y los sindicatos para informarles de la medida y elaborar un protocolo de actuación.

CETM reclama máximas garantías jurídicas

Ante la decisión del Fiscal de Seguridad vial, la patronal CETM entiende que servirá para evitar un fraude que supone un grave perjuicio para las empresas de transporte y para el sector en general, que deteriora la profesión y supone un riesgo para la seguridad vial.

"Perseguir este tipo de infracciones y endurecer las sanciones puede ser una solución para conseguir atemorizar a los infractores, ya que al suponer penas de prisión es más probable que eviten incurrir en ese delito. Asimismo, servirá para que desde las empresas de transporte se realice un control exhaustivo de los tacógrafos y se aseguren de que los conductores cumplen con los tiempos de conducción y descanso", valoran desde la organización que preside Ovidio de la Roza.

Ahora bien, CETM reclama que exista la máxima garantía jurídica en todo el proceso de sanción de manera que solo el verdadero responsable de la manipulación del tacógrafo sea quien acarree las consecuencias, "puesto que estamos hablando de penas de entre seis meses y tres años de prisión y que pueden llevar a la inhabilitación del gestor del transporte y a la desaparición de la empresa".