El pasado lunes 7 de Junio las asociaciones nacionales de transportistas (Fenadismer y las restantes asociaciones de transportistas que conforman el Comité Nacional de Transporte por Carretera) han presentado en los Juzgados de Instrucción de Guipúzcoa una querella criminal contra la Diputada guipuzcoana de Infraestructuras, Ainztane Olabide, y contra la empresa pública Bidegi, por mantener el cobro de los peajes a los camiones en la N-1 y A-15, desobedeciendo los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justica y del Tribunal Supremo que los declaran nulos.

Ha pasado casi un mes desde que el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del sistema de peajes  a camiones puesto en marcha en Guipúzcoa hace más de 3 años y, lejos de ejecutar el fallo judicial, la Diputación de Guipúzcoa con su responsable de Infraestructuras a la cabeza sigue persistiendo en su desafío al Estado de Derecho, manteniendo sin cobertura legal alguna el cobro de los peajes a toda costa pese al riesgo que tal actitud conlleva.

Además, según denuncia Fenadismer, la Diputada ha aprovechado todo este tiempo para dedicarse a verter descalificativos ofensivos hacia el sector, como la de acusar a los transportistas “españoles” de ser los responsables de esta situación, en un intento a la desesperada de confundir a la opinión pública guipuzcoana con simples argumentos frentistas, totalmente improcedentes en un representante de tan importante institución pública, que no buscan sino tratar de ocultar su fracaso personal en la aplicación de esta medida por su negativa a negociar con el sector afectado.

Sobre la Querella, el Comité Nacional ha elaborado una nota oficial en los siguientes términos:

“En el día de hoy el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha interpuesto querella criminal ante los Juzgados de Donostia/San Sebastián contra la Diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide Iruretagoiena y la empresa pública BIDEGI SA, por hechos que pueden ser constitutivos de delito.

La Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, por medio de la empresa pública BIDEGI SA, sigue cobrando el canon previsto para la N-I y la A-15 por la Norma Foral 6/2018 de 12 de noviembre, cuando tiene pleno conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -supremo órgano judicial de Euskadi-,la declaró nula y qué dicha resolución es firme, más allá de todas las estrategias empleadas por la Diputación para encubrir esta realidad y justificar lo injustificable.

Esta querella es consecuencia del comportamiento contumaz de la titular de la Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, quien se negó desde un primer momento a escuchar las razones del sector sin que, posteriormente, a pesar de las reiteradas resoluciones judiciales en su contra, haya cambiado de política. Ahora prefiere atropellar a todo un sector de transporte pasando por encima de las decisiones de los Tribunales, todo ello antes que reconocer sus reiterados y gravísimos errores de gestión, que pretende ocultar entre declaraciones públicas fuera de tono y de desprecio hacia quien simplemente defiende su derecho a trabajar y ganarse la vida sin intromisiones ilegítimas.

A este Comité no le queda otra opción que seguir defendiendo los derechos de sus representados acudiendo nuevamente a los Tribunales, para solicitar amparo ante la sinrazón, reclamando el imperio de la ley y del Derecho.”