El Ministerio de Fomento mantiene la incertidumbre en torno a la obligatoriedad en el desvío de los camiones a las autopistas de peaje. Fue ayer, 3 de abril, cuando el ministro Íñigo de la Serna, presentó el proyecto de presupuestos para 2018 correspondiente a su Departamento, que será tramitado próximamente en el Parlamento, y que incluye una partida destinada a la aprobación de un plan de incentivos para el desvío para fomentar el uso de las autopistas de peajes, especialmente por los vehículos pesados.

El plan está dotado con un presupuesto total de 45 millones de euros, que suponen aumentar en 13 millones la partida destinada a idéntico fin en 2017 aunque lamentablemente en el pasado año no se agotó la referida partida y se destinó exclusivamente al desvío obligatorio a la AP-68 desde la N-232, el cual se encuentra recurrido judicialmente por las asociaciones nacionales de transportistas por rechazar su carácter obligatorio.

Sin embargo, el documento con el plan de incentivos para fomentar el uso de las autopistas de peaje no concreta si el desvío será voluntario, como ocurrió en 2015, o por el contrario supondrá la prohibición de circulación a camiones en las carreteras nacionales paralelas, como ya ocurre en La Rioja a pesar de la oposición del sector.

Desde Fenadismer avanzan ya que en el caso de que los Presupuestos Generales para 2018 sean finalmente aprobados en el Parlamento instará al Ministerio de Fomento a su «inmediata puesta en marcha con el objetivo de promocionar con carácter voluntario el uso de las autopistas de peaje por parte de los transportistas, por las indudables ventajas que dichos planes comportan para la descongestión de las carreteras nacionales y la mejora de la seguridad vial».

El plan de desvío que se aplicó en 2015, que suponía la bonificación de hasta un 50% del importe del peaje estuvo dotado con 7’5 millones de euros y se aplicó con carácter experimental sobre seis tramos de autopistas paralelas a carreteras nacionales para permitir el desvío adicional de más de 222.000 camiones durante sus cinco meses de vigencia.