El Ministerio de Fomento no está por la labor de facilitar que los socios de las cooperativas de trabajo asociado, radicados fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, puedan contar cada uno de ellos con su respectiva autorización de transporte que les permitiría operar legalmente tras la entrada en vigor de la nueva LOTT, que impide facturar servicios de transporte sin autorización.

Así se lo expuso ayer al colectivo Autónomos Cooperativistas de Transporte la subdirectora General de Inspección de Transporte Terrestre del ministerio, Alicia Rubio, a pesar de que estaba previsto que estos profesionales fueran recibidos por la propia ministra, Ana Pastor. De hecho, ni siquiera estuvo presente en el encuentro el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral.

Llegados a este punto, la postura de Fomento apunta a que estos socios, que según comenta la portavoz del colectivo, Begoña Loizaga, han quedado “en el limbo” con la nueva LOTT,deberían convertirse en conductores asalariados de las cooperativas sin perjuicio de su condición de socio de las mismas, una posibilidad que sería bien acogida por estos profesionales pero que, en palabras de Loizaga, “las cooperativas no van a favorecer: es más, antes preferirían cerrar que hacernos asalariados”.

A pesar de todo, el colectivo se valora positivamente la receptividad a este asunto que se ofreció ayer desde el ministerio, a cuyos representantes se les hizo llegar un informe en el que se concluye que la nueva LOTT “despoja a los socios de cooperativas sin autorización de transporte de la profesión de transportistas” a quienes “se les viene a encasillar como intermediarios de comercio, opción utilizada por el órgano gestor administrativo de las cooperativas con el fin de continuar su histórico lucro”.