El Paquete de Movilidad europeo aprobado el pasado mes de Julio, incluyó entre otras medidas, la aprobación de la Directiva 2020/1057 sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea y la exigencia del salario mínimo, que debe ser transpuesta en los ordenamientos nacionales antes del próximo mes de Febrero, pero el Ministerio de Transportes (Mitma) sigue sin informar a las asociaciones de transportistas sobre como aplicará en España está Directiva europea de control de los conductores desplazados de empresas extranjeras que no operen en España.

La nueva regulación exigirá que los conductores que realicen operaciones de transporte internacional o de cabotaje perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado, excluyendo de esta obligación a los trasportes en tránsito así como a los transportes bilaterales. Para su control la empresa de transportes deberá realizar previamente a la realización del servicio de transporte una declaración de desplazamiento de sus conductores, que deberá enviar a un sistema electrónico centralizado en la Comisión Europea, denominado IMI. Posteriormente el Estado de acogida, es decir, el país donde se presta el servicio podrá controlar la correcta realización del mismo y el cumplimiento del salario mínimo.

Tal y como Fenadismer ha venido defendiendo, la nueva regulación recogida en el Paquete de Movilidad persigue como objetivo luchar contra la competencia desleal que ejercen las empresas situadas preferentemente en los países del Este de Europa, que venían trabajando hasta ahora con total impunidad al amparo del mercado único europeo de transporte, ocasionando en los últimos años un gravísimo daño a las empresas transportistas españolas.

De ahí la necesidad de que el Gobierno español apruebe a la mayor brevedad dicha regulación, como ya han llevado a cabo una buena parte de los países de la Unión Europea. Sin embargo, sorprendentemente, a  fecha de hoy el Ministerio de Transportes continúa sin informar a las asociaciones de transportistas de cómo va a llevar a cabo la tramitación del proyecto normativo, pese a que éste deberá hacerse mediante una norma con rango legal, lo que requiere un plazo mayor de tramitación hasta su aprobación final.