En una larga “carta abierta”, Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer desarrolla la idea de la necesidad y la urgencia de una Ley de la Cadena de Transporte para el futuro de la sostenibilidad del transporte por carretera.

En el largo escrito de Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, se indica que el pasado paro del transporte del mes marzo “es la consecuencia de una inadecuada política de transporte llevada a cabo por parte de los sucesivos responsables que han venido dirigiendo el Ministerio de Transporte durante las dos últimas décadas”.

Responsabiliza al Ministerio de Economía, los cargadores o los grandes empresarios del transporte por no interesarles evolucionar el mercado del transporte “que se ha ido distorsionando hasta límites insoportables de constante abuso y sometimiento” hasta el punto de incumplir las normas que protegen al sector.

Villaescusa alaba la posición del actual Gobierno durante la tramitación del Paquete de Movilidad, al apoyar los intereses del tejido empresarial español que permitió, frente a la postura de los países del este, que se aprobaran medidas relevantes para el control de la competencia desleal.

También recuerda como “hecho trascendental” el acuerdo del pasado mes de diciembre con “medidas para la sostenibilidad del sector del transporte suscrito entre el Ministerio de Transportes y las asociaciones que componemos el Comité Nacional de Transporte por Carretera, y su posterior entrada en vigor en marzo mediante Real Decreto-Ley”. Pero la subida del gasóleo y la invasión de Ucrania “pusieron de manifiesto la ineficiente falta de respuesta del Gobierno y las asociaciones, que no supieron reaccionar con agilidad en el establecimiento de medidas”.

Del prolongado paro que se produjo por la imposibilidad de repercutir el coste del gasóleo, Julio Villaescusa reconoce que hasta “hace pocas semanas, una gran parte de las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transportes rechazaban la posibilidad de establecer en nuestro sector una regulación sobre el “coste mínimo”, que ahora afortunadamente sí se asume como medida fundamental para la ordenación del sector”.

Arremete contra los contratistas del transporte que colaboran en asumir condiciones abusivas y contratar con sus empresas buzón cuyo resultado es “un mercado de transporte totalmente distorsionado a la baja, con precios en todo su espectro, abusivos y ruinosos para el resto de transportistas”.

Lejos de responsabilizar a los autónomos de colaborar en esta situación por estar atomizados, Villaescusa señala, precisamente “es esta configuración empresarial de nuestro sector la que ha permitido al transporte por carretera español ocupar el segundo puesto en el ranking europeo, sólo por detrás de la flota polaca”.

Para apoyar la futura Ley de la Cadena de Transporte el escrito señala los “observatorios de costes para diferentes categorías de vehículos, los cuales fueron uno de los objetivos por los que mi Federación luchó de forma activa hasta su aprobación, ya que nos permite conocer cuáles son los costes medios, así como calcular los costes mínimos”. Aunque esperanzado, Villaescusa señala que es “fundamental e imprescindible aprobar cuanto antes la Ley de Cadena del Transporte, como se ha comprometido el Gobierno en los acuerdos del pasado mes de marzo, que establezca la prohibición mediante un régimen sancionador de la venta a pérdidas de todo aquel transportista que preste un servicio de transporte” y que se complemente con el resto de medidas y que los servicios de inspección funciones de oficio en este aspecto.

Sin embargo, se lamenta de que no se haya podido incluir en el Real Decreto-Ley el régimen sancionador para la cláusula de revisión “lo que puede dejar su aplicación a merced de un mercado envilecido, por lo que la nueva medida estructural que ahora se ha conseguido exige que se tramite por vía de urgencia mediante Real Decreto-Ley (el Gobierno ha promulgado más de ciento veinte en los dos últimos años)”.

Por último, el escrito explica por qué se debe acelerar esta norma y avisa de peligrosas consecuencias; “el recorrido de un proyecto de ley puede alargarse en el tiempo hasta su aprobación final, incluso años, quedando expuesto al albur de revueltas más o menos oportunistas, o a estrategias de intereses partidistas, que puedan poner “contra las cuerdas” la economía de todo el Estado, e incluso de nuestro propio régimen democrático”.