El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado esta semana al Congreso incluye en su articulado la pretensión de igualar al alza la fiscalidad sobre los carburantes que soportan los ciudadanos en las diferentes comunidades autónomas.

Llegados a este punto que, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara en febrero de 2014 que el comúnmente denominado céntimo sanitario era contrario al derecho comunitario, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió suprimir esta figura impositiva y sustituirla por el Tramo Autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, que, en la práctica, funciona del mismo modo que lo hacía el gravamen que vino a reemplazar.

Así, con la entrada en vigor de este nuevo tipo impositivo, las comunidades autónomas están facultadas para aplicar un impuesto que oscila entre los cero y los 4,8 céntimos por litro de carburante vendido en su territorio.

Las diferencias de criterio en la aplicación de este gravamen viene provocando desde hace años lo que los empresarios del sector del carburante denominan “efecto frontera”, que no es otra cosa que los consumidores -principalmente profesionales, pero también particulares- de una determinada región con un tramo autonómico elevado se trasladan a autonomías limítrofes para ahorrarse unos céntimos a la hora de llenar los depósitos de sus vehículos.

Pues, bien, el proyecto de PGE que Montoro ha entregado recientemente a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, dice en su página 194 que “con el fin de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes, se efectúa la integración del tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las Comunidades Autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario”.

Equiparación al alza
La afirmación de que esa integración se llevará a cabo “sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las Comunidades Autónomas” invita a pensar que la equiparación impositiva entre los diferentes tipos autonómicos se realizará al alza, por lo que ese tramo autonómico que ya habrá sido reconvertido en estatal ascenderá al menos a los 4,8 céntimos por litro que algunas regiones ya aplican.

Por ello, los incrementos impositivos -y por tanto del PVP- más significativos se producirán en aquellas comunidades autónomas que ahora no aplicaban el tramo autonómico -Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra- y en las que lo hacían en su banda inferior, como Madrid, que cobraba 1,7 céntimos por litro de gasóleo repostado.

Aragón, que ahora tiene un tramo autonómico de 2,4 céntimos por litro, y Extremadura, con 3,8, están en una situación intermedia, mientras que quienes menos notarán la subida serán los transportistas de las comunidades que actualmente aplican el tipo máximo del tramo autonómico -Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Región de Murcia- que vienen sufriendo un recargo regional de 4,8 céntimos por litro.

Las cuentas de Montoro pronostican un incremento del 6,3% en la recaudación procedente del impuesto sobre hidrocarburos, por lo que todo parece indicar que sí contemplan la equiparación al alza del tramo autonómico pero descartan seguir la recomendación hecha hace algunos días por el comité de expertos creado por el Gobierno, a instancias del Congreso, que proponía incrementar casi un 30% los impuestos que gravan el gasóleo.