La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha reclamado, en una carta abierta a los responsables europeos y nacionales, una lex specialis que tenga en consideración el carácter móvil del sector del transporte por carretera y reduzca la carga administrativa que actualmente soporta. Se trata de la misma posición que mantiene Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), que reitera la necesidad de una ley específica para el transporte por carretera, postulándose abiertamente en contra de la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores, por no adecuarse a las necesidades específicas del sector.

En este sentido, cabe destacar la iniciativa promovida por Astic y la Association for de Danish road transport of goods (ITD) de Dinamarca, -y respaldada por otras 15 asociaciones internacionales-, en la que se establece el convencimiento de los firmantes de que sus conductores no son trabajadores desplazados cuando realizan su labor a lo largo de las carreteras europeas y que la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores, por tanto, no debe aplicárseles puesto que está pensada para sectores de otra tipología cuyos empleados no tienen la alta movilidad que caracteriza a los conductores de transporte internacional.

Nueva normativa para el transporte por carretera

Desde la IRU instan a los responsables de la Comisión Europea, Parlamento y Estados miembros a debatir cuestiones fundamentales como, por ejemplo, si el desplazamiento de trabajadores debería aplicarse al transporte de mercancías por carretera y de pasajeros y, en caso afirmativo, a qué tipo de servicios.

Tanto la IRU como Astic aplauden la iniciativa propuesta por el Consejo Europeo para introducir normas específicas en el sector del transporte por carretera, atendiendo a su idiosincrasia. Sin embargo, tanto en Astic como desde la IRU se observa con preocupación la decisión de seguir aplicando la normativa general sobre los trabajadores desplazados al sector del transporte hasta haber acordado las normas específicas, ya que, de esta manera, "no se están atajando los problemas que se han creado en varios países centroeuropeos".

Según el jefe de la Delegación Permanente de la Organización Internacional del Transporte, Matthias Madege, "esta normativa debería establecer las reglas y parámetros clave para el desplazamiento de trabajadores en el sector. Es esencial tener en cuenta el carácter altamente móvil del transporte por carretera y minimizar las cargas administrativas que soporta". Añade que, "de no atender las especificaciones del sector, podría darse una mayor fragmentación del mercado y alargar aún más si cabe las cadenas de subcontratación".

Llegados a este punto, desde Astic hacen hincapié en el hecho de que los transportistas europeos pueden llegar a atravesar, en una sola jornada, tres y hasta cuatro fronteras de estados miembro de la UE, "por lo tanto carece de lógica aplicar una normativa como la DDT que está diseñada para trabajadores que realizan actividades laborales durante periodos de meses o años en un Estado distinto al de origen del trabajador o del país en el que está contratado".

En palabras del director general de Astic, Ramón Valdivia, "cualquier traba que se le ponga al transporte internacional por carretera va contra los intereses de nuestras empresas afiliadas y, por tanto, contra los intereses de la economía española en su conjunto para la cual la actividad exportadora se ha convertido en un verdadero motor de crecimiento".