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El Gobierno francés ha decidido hacer caso omiso a las múltiples voces llegadas desde el sector del transporte internacional de mercancías por carretera para que aplicara una moratoria en la puesta en vigor de la polémica Ley Macron, lo que ocurrirá finalmente el próximo 1 de julio. De hecho, ha publicado ya en la web del Ministerio galo de Transporte el modelo definitivo de declaración de desplazamiento (descárguelo aquí) que los vehículos de transporte deben llevar a cabo.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo, ante la inminencia de la aplicación de la nueva Ley, que contempla la obligatoriedad de cumplir con un salario mínimo para los conductores de empresas extranjeras que realicen cabotaje o transporte internacional (no en tránsito) en el país vecino, ha aceptado publicar también en la web una serie de información detallada en diferentes idiomas para facilitar el cumplimiento de la normativa. Así, ahora está disponible en inglés, español, portugués, italiano, húngaro, polaco y rumano, mientras que hasta esta iniciativa la información únicamente figuraba en francés.
Con todo, y pese a la negativa a aplicar una moratoria en la aplicación de la Ley, sí ha transcendido que el Gobierno francés ha reconocido que durante las primeras semanas de funcionamiento de la normativa los agentes encargados de su cumplimiento llevarán a cabo su labor con cierta flexibilidad de cara a que las empresas de transporte internacional vayan adaptándose de forma progresiva al nuevo escenario.
Incertidumbre y caos burocrático
La reacción de asociaciones como Astic no se ha hecho esperar. Incertidumbre y caos burocrático con las expresiones acuñadas desde la organización que preside Marcos Basante, la cual no deja de mostrar su "perplejidad" ante la puesta en marcha de la ley.
Para Astic es un paso más en la creación de "barreras administrativas, burocráticas e inseguridades jurídicas desproporcionadas que impiden el normal funcionamiento del mercado común, impidiendo la libre circulación de bienes y servicios, más si cabe, cuando documentos vitales para hacer factible su cumplimiento por parte de las empresas extranjeras se han publicado con tan sólo dos días de anticipación a su entrada en vigor efectiva".
De hecho, el malestar de este colectivo es de tal calibre que tilda la norma de “proteccionista, injusta y discriminatoria” y solicita su inmediato aplazamiento, debido a su imposible cumplimiento el 1 de julio por la ingente carga burocrática y legal que le afecta, así como por las muchas dudas de carácter jurídico que suscita sobre más de cinco millones de empleados del sector en Europa.
En su opinión, no hay tiempo material para que un colectivo como el del transporte por carretera de personas y mercancías, sólo en nuestro país con casi 18.000 vehículos diarios cruzando la frontera franco-española, pueda asimilar y cumplir con la multitud de requisitos solicitados en el último momento. Entre ellos, el certificado de desplazamiento, el principal documento a cumplimentar por las empresas y trabajadores, que todavía constaba como provisional en la web del Ministerio francés a menos de 24 horas de su entrada en vigor. Otros aspectos que se encuentran en el aire son, destacan en la organización de transportistas: el representante obligatorio en Francia, la cuantía final del salario por horas, las dietas, el campo de aplicación, etc.
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