La relación entre los representantes de los transportistas presentes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera y la Administración podría empeorarse significativamente si el ministerio de Transportes no avanza en el compromiso de legislar para la prohibición de la carga y la descarga por parte de los conductores de camión.

Pedro Alfonsel presidente de Fedat-CETM Operadores de Transporte ha afirmado durante la celebración de su Asamblea General Ordinaria que “el Ministerio de Transportes ha estado receptivo a las presiones de los cargadores por conseguir las 44 toneladas y los 4,5 metros de altura, y de los concesionarios de autopistas y constructoras para llevar a la práctica el pago por uso en las carreteras, y, sin embargo, las conversaciones con cargadores y Administración sobre la problemática de la carga y descarga han sido un fiasco y el problema se agrava con la falta de conductores”.

Aunque ha reconocido que “tras un procedimiento de urgencia que ha durado más de un año”, se ha visto publicada la reforma de la LOTT con un régimen sancionador para la morosidad, hace falta pasar de las palabras a los hechos.

Por su parte, FENADISMER ha recordado que “en otros países se ha legislado en el sentido de prohibir expresamente que los transportistas puedan realizar dichas tareas -de carga y descarga-, como es el caso de Portugal, que lo aprobó el pasado mes de Julio tras el acuerdo adoptado una larga negociación con las organizaciones empresariales y sindicales”.

La federación ha recordado que el Gobierno español se ha limitado a señalar esta semana que “en el marco del contacto y colaboración que de manera permanente se mantiene con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, se sigue avanzando en la configuración definitiva del Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera, donde, entre otros asuntos, se contemplan medidas relativas a las operaciones de carga y descarga, dentro siempre de las posibilidades del marco normativo general que regula las relaciones mercantiles”.

FENADISMER ha señalado que “detrás de esta falta de voluntad podría estar la presión que vienen ejerciendo las asociaciones de empresas cargadoras que se oponen totalmente a esta prohibición”; para esta afirmación, señala que “Cabe recordar que, como se le escapó a un dirigente de una gran asociación de empresas cargadoras, el obligar a los conductores a realizar tales tareas les supone un “ahorro” de costes superior a los 2.000 millones de euros al año”.

Por todo, FENADISMER ha apelado al Ministerio de Transportes para que “atienda esta legítima y más que nunca necesaria reivindicación y proceda a su inmediata aprobación mediante Decreto Ley, lo que además de suponer ningún coste para las arcas públicas contribuiría a reducir la alta siniestralidad laboral que soporta el sector del transporte por carretera”.