Este viernes, 17 de abril, los transportistas españoles de mercancías por carretera habían retirado de las oficinas de Correos un total de 600.000 mascarillas del total de 900.000 que componen la remesa ofrecida a través de la red del organismo público por el Ministerio de Transportes desde el pasado 6 de abril. En otras palabras, uno de cada tres de estos elementos de protección permanecía sin recoger a pocas horas del fin de plazo para su retirada.

La información proporcionada por el ministerio dirigido por José Luis Ábalos se produce con motivo de la llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de un nuevo envío con más de un millón de mascarillas adquiridas por Mitma, el cual eleva hasta más de siete millones de mascarillas la suma total de mascarillas recibidas por el ministerio para su distribución entre diferentes colectivos.

Este nuevo envío con más de un millón de mascarillas de protección han sido adquiridas de forma centralizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Las anteriores remesas fueron gestionadas a través de Puertos del Estado.

Precisamente, este lunes 20 de abril arranca el reparto de un nuevo envío recibido esta semana, de más de dos millones de mascarillas. Con estos dos repartos, Mitma pondrá a disposición del sector de transporte terrestre más de 3.300.000 de mascarillas, «sector que en estos momentos resulta un servicio esencial y que incluye a empresas y autónomos que realizan transporte público de mercancías por carretera, transporte de viajeros por autobús, servicios de taxi y VTC y transporte sanitario, así como a las empresas privadas de transporte de mercancías por ferrocarril», resaltan desde el ministerio.

La adquisición de estos envíos se ha realizado por el procedimiento de emergencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.