La organización de transportistas autónomos Fetransa ha presentado una enmienda a los grupos parlamentarios del Senado, así como ante las comisiones con competencia en la materia, para que se amplíe a 200.000 euros el requisito de facturación para acogerse al régimen fiscal de módulos en lugar de 75.000 euros que recoge el Proyecto de Ley de reforma fiscal. En la iniciativa cuentan con el apoyo de la Sectorial del Transporte de la federación de autónomos ATA.

Si los planes del Gobierno siguen adelante con el citado límite de 75.000 euros, «la práctica totalidad de transportistas autónomos que hoy en día tributan por el régimen fiscal de módulos tendrían que tributar en estimación directa«, advierten, para calificar de «devastador» el efecto de semejante medida sobre los transportistas autónomos, «poniendo en serio peligro su supervivencia empresarial». Los cálculos de Fetransa estiman en 15.000 euros anuales de media por cada autónomo el coste del cambio normativo, «sin olvidar que gran parte de estos profesionales para la adquisición de su vehículo ha solicitado un préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda habitual, lo que puede reconducir en un gravísimo problema social».

Según el propio Observatorio de Costes de Fomento, el coste anual de explotación de un vehículo articulado de carga general asciende a 133.144,90 euros, muy por encima de los 75.000 euros que plantea el Ejecutivo como tope de facturación. Pero al margen de los efectos sobre este colectivo de transportistas se adivinan, según Fetransa, consecuencias negativas para la inflación al elevarse el coste del transporte y, además, una reducción de la cuota del transporte español en el transporte internacional en relación el segundo puesto del ranking que ocupa en la actualidad.

Pero aquí no acaban los riesgos, según esta organización profesional, que alerta ante una posibilidad que a buen seguro el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, deberá tener muy cuenta. Se trata del incremento de la economía sumergida y de la competencia desleal. «Por un lado, el sector del transporte de mercancías por carretera, especialmente en el ámbito internacional, está inmerso en un fuerte proceso de deslocalización empresarial, principalmente hacia los países del Este, lo que generará que la actividad que no pueda ser asumida por los transportistas autónomos ‘emigre’ hacia los países del Este», prevén en Fetransa.

«Por otro lado», prosiguen, «los propios transportistas autónomos que quieran mantenerse en el sector y no puedan repercutir el incremento de este coste fiscal que va a suponer la exclusión del régimen fiscal de módulos, seguramente lo harán ocultando datos de facturación, algo que nos conducirá nuevamente a comienzos de los año 90 cuando se instauró este régimen fiscal de módulos, siendo una de sus principales finalidades la de erradicar la economía sumergida».