La creciente polémica sobre el fenómeno de las empresas buzón y la definición sobre en qué consiste exactamente este tipo de realidad inundó el ambiente en el IV Congreso de Atfrie, la Asociación Española de Empresarios de Transportes Bajo Temperatura Dirigida, celebrado los pasados 21 y 22 de septiembre en El Puig, Valencia.

Con una afluencia que superó las 300 personas, y con la presencia de numerosos proveedores del transporte frigorífico, el evento afrontó los retos de esta actividad, como el Brexit o la deslocalización empresarial y las empresas buzón.

Sobre este espinoso asunto protagonizó una interesante ponencia Mireia Llobera, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, que arrancó aclarando que «una cosa es una empresa deslocalizada y otra muy diferente una empresa buzón«. Esta experta detalló la normativa comunitaria y europea sobre este asunto y dejó clara la inseguridad jurídica en torno a esta normativa y la confusión que existe sobre las empresas buzón dentro de la propia Administración. «Ni la Inspección de Trabajo ni la Agencia Tributaria tienen claras las líneas rojas», concretó.

De hecho, afirmó que existe en España un «galimatías legal en materia de derecho de transportes que está dificultando que nuestras empresas puedan competir en el mercado interior europeo y que creen empleo en nuestro país», para añadir que «ha llegado el momento de que la normativa española adopte otra perspectiva, dentro del cumplimiento de la normativa comunitaria pero sin perjudicar a las empresas españolas en beneficio de sus competidoras. Se trata de una responsabilidad de nuestros gobernantes impedir que el transporte español de mercancías por carretera pierda su posición predominante en Europa«.

En su intervención explicó cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro en innumerables ocasiones que competir en base a costes sociales y laborales no está prohibido. De hecho, «incluso alienta que se haga y considera que las normas nacionales que pretenden evitar esa competencia van en contra del derecho comunitario», apuntó.

Trabajadores desplazados

En relación con el Real Decreto 9/2017 que supone la transposición de la Directiva 67/2014 sobre desplazamiento de trabajadores, opinó que la norma es muy confusa, «no sabemos cómo hay que cumplirla, no sabemos qué componentes de salarios hay que pagar, ni cómo se computa la jornada». De hecho, se detuvo en que a la hora de cotizar por los conductores, las empresas tienden a considerarlos trabajadores desplazados, «cuando sería mucho más útil hacerlo como trabajadores que prestan servicios en varios países de la Unión Europea».

Más en detalle, Mireia Llobera no ocultó las diferentes aplicaciones de la normativa en cada país, calificando de muy fácil la situación para las empresas que vienen a España y muy compleja la coyuntura que afrontan las compañías nacionales cuando van a un país centroeuropeo debido a que estos están haciendo una interpretación muy extensiva de la Directiva de desplazamiento de trabajadores. «Ellos nos están enterrando en requisitos, cosa que España no hace con las empresas extranjeras que vienen aquí«.

De esta afirmación derivó otra nada ambigua: «En España la cruzada de nuestra Administración es contra las empresas españolas, al revés que en los países centrales de Europa, que protegen su mercado y la competitividad de sus empresas. Mientras tanto, en Europa del Este actúan sin complejos, quieren ganar cuota de mercado, bloquean en Bruselas cualquier iniciativa de armonización y no tienen ninguna intención de sancionar a las empresas buzón».

Margallo y el Brexit

A continuación tomó la palabra José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, quien centró su intervención en las consecuencias del Brexit para el transporte. Margallo aclaró que Reino Unido no está dispuesta a aceptar la libre circulación de personas tras el Brexit, si bien dejó la puerta abierta, ante la incredulidad de los presentes, a que pueda no producirse el Brexit tras la celebración de un nuevo referéndum.

De todos modos, quiso tranquilizar a los empresarios de Atfrie al afirmar que hasta dentro de dos años para el sector del transporte no cambia nada porque Reino Unido sigue sujeto a todas las obligaciones de la Unión Europea. Y concretó más aún al avanzar que «la regulación específica para el transporte frigorífico no debe sufrir ninguna variación con el Brexit«.

Joaquín del Moral, director general de Transporte Terrestre, se encargó de clausurar el congreso, y no dejó pasar la ocasión de detallar la estrategia del Ministerio de Fomento ante los movimientos que llegan de Europa, donde nuestro Gobierno, explicó, «busca una mayoría de bloqueo sobre la directiva de trabajadores desplazados para que se reconozca la peculiaridad del transporte: queremos que no se aplique los primeros cinco días tanto en cabotaje como en transporte internacional y estamos ganando apoyos en Europa a esta propuesta».

En relación con las empresas buzón apuntó que cada empresa de transporte debe estar establecida donde tiene su actividad y por otro lado insistió en la necesidad de flexibilizar lo más posible la vuelta a casa de los conductores de transporte internacional. Ya en términos de política nacional confirmó el mantenimiento en 2018 de las ayudas al abandono y a la formación en el transporte. Desde la dirección de Atfrie, por su parte, no dejaron pasar la oportunidad de solicitar a Del Moral su colaboración que el ministro  de Fomento, Íñigo de la Serna, reciba de una vez por todas al Comité Nacional del Transporte.