El Tribunal Supremo vuelve a avalar la «acción directa» del transportista

La acción directa del transportista es un método de protección de su trabajo.

La “acción directa” del transportista sobre la carga que porta como garantía de cobro por el servicio ha vuelto a tener el reconocimiento y el aval en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, incluso en el caso de que exista un intermediario y este se declare insolvente ya que “aunque el intermediario haya sido declarado en concurso, procede el ejercicio de la acción directa. Precisamente porque el intermediario es insolvente y ha sido declarado en concurso, cobra más sentido el ejercicio de la acción directa frente al cargador principal”, señala la sentencia.

Como recuerda Fenadismer “esta medida fue siempre una reivindicación histórica de las asociaciones de transportistas, a fin de equiparar nuestra legislación sectorial a la de otros países de nuestro entorno, que cuentan con regulaciones similares que pretenden favorecer la transparencia y el control en la subcontratación en el sector del transporte por carretera, haciendo garante del pago del porte, tanto al cargador principal como a todos los que hayan intervenido de manera sucesiva en la cadena de subcontratación”.

Una vez que se hizo efectiva en la nueva versión de la Ley de Ordenación del transporte Terrestre de 2013, numerosas empresas cargadoras han intentado “desactivarla” judicialmente en los juzgados de lo Mercantil. Sin embargo, ha sido el Tribunal Supremo el que ha sentenciado en varias ocasiones en favor de la acción directa, creando jurisprudencia en relación a su validez y plena eficacia.

La asociación de transportistas considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo elimina cualquier cuestionamiento jurídico de dicho instrumento protector de los transportistas y que ha tenido efectos muy positivos desde su aprobación para la ordenación del sector del transporte por carretera. Por último, Fenadismer no comparte la negativa de las Juntas Arbitrales de Transporte para admitir su competencia en estas reclamaciones por “acción directa”, ya que su intervención permitiría evitar “acudir a la vía judicial, siempre más lenta, costosa y menos especializada, en vez de acudir a los organismos arbitrales de transporte, que fueron creados precisamente para resolver las controversias que surjan en este sector de actividad”.

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