Las empresas de mercancías han debido abrir un nuevo frente en defensa de sus intereses por culpa de la falta de aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la dejadez de la Comunidad de Madrid y la permisiva interpretación de la actividad comercial que aplica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC.

Desde el inicio de la pandemia, las grandes plataformas que agrupan a empresas con licencias de Vehículos de Turismo con Conductor, VTC, empezaron a ofrecer servicios para el transporte de paquetería para sus clientes, principalmente en Madrid y, ante todo, la empresa Cabify. Algo parecido a lo que se llamó la “uberización” del sector del taxi, cuando empezaron a operar los primeros vehículos VTC; es decir, la rebaja de exigencias o requisitos para llevar a cabo una actividad comercial que ya realiza otro colectivo que ha debido acometer un esfuerzo de inversión y formación mucho mayor.

Aunque los profesionales del transporte ya expresaron su rechazo a que los vehículos VTC realizaran labores de transporte de paquetería en la capital y de que la Comunidad de Madrid requiriese la finalización de estos servicios, empresas como Cabify han mantenido sus servicios de paquetería. Y más cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC haya publicado un informe en el que avala que las VTC realicen envíos.

Según ha denunciado la Confederación de Empresas de Transporte de Mercancías, CETM, “Cabify está incumpliendo la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, LOTT, puesto que los turismos con autorización VTC sólo pueden transportar como mercancías, el equipaje de sus usuarios”. La CETM, principal patronal del transporte recuerda que “se está realizando esta actividad de manera totalmente ilícita y es necesario que la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto y aplique las sanciones previstas legalmente”.

La CETM concluye “este hecho supone un gran perjuicio para las empresas de transporte de mercancías que sí cuentan con las autorizaciones necesarias para ofrecer este tipo de servicios y se ajustan al marco normativo. Consideramos que es inadmisible que no se dé fin a esta actividad y Cabify siga burlando la ley sin ningún tipo de consecuencias”.