El fraude para obtener el título de transportista en otros países, fundamentalmente Portugal y Rumanía, para luego proceder a su convalidación y utilizarlo en España es una actividad en claro desarrollo, según ha denunciado Fenadismer, que insta al Ministerio de Fomento a que antes de convalidar el documento compruebe que el solicitante demostró el requisito de residencia habitual en el país donde se examinó.

La actuación fraudulencia tiene su origen, relatan desde la organización que preside Julio Villaescusa, en que, de forma cada vez más creciente, ciudadanos residentes en España se trasladan a otros países europeos (fundamentalmente Portugal y Rumanía), a los únicos efectos de realizar el examen en dichos países, dado que el nivel de conocimientos exigidos es muy inferior al existente en nuestro país, sin que las autoridades de dichos países comprueben el requisito de residencia habitual establecido por la normativa europea. Así en el caso del país luso incluso existen academias especializadas en preparar exclusivamente a ciudadanos residentes en España, habilitando aulas para ellos junto a la frontera española, denuncian.

La situación ha llevado a que Fenadismer haya hecho pública su alarma y preocupación por este fenómeno que supone incumplir claramente el Reglamento europeo 1071/2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplir para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera. Este Reglamento establece en su artículo 8 que las personas interesadas en obtener el título de competencia profesional de transporte deberán examinarse en el Estado miembro en el que tengan su residencia habitual, entendiendo como tal “el lugar en que una persona viva habitualmente, es decir, por lo menos 185 días por cada año civil, por razón de vínculos personales que revelen lazos estrechos entre la persona y el lugar en que habita”.

Además de la reclamación para que Fomento compruebe el cumplimiento de la normativa, Fenadismer va a presentar una denuncia formal ante la Comisión Europea «a fin de que se erradiquen estas actuaciones fraudulentas en dichos países».