Las grandes cadenas españolas del retail se han unido para exigir al Gobierno una legislación que permita renegociar en condiciones de igualdad frente a sus arrendadores, debido al espectacular descenso de ingresos ocasionado por el Covid-19. Hablamos de marcas como Cortefiel, Mango, Adolfo Domínguez, Desigual, Bimba y Lola, El Ganso, Purificación García, New Balance, Calzedonia, General Optica, Soloptical, Pimkie o Brasayleña, entre otras, hasta sumar 103, presentes en 9.572 locales comerciales. Juntos van a presentar una iniciativa parlamentaria para que, de manera urgente, se actúe creando los marcos oportunos para favorecer acuerdos razonables entre propietarios y arrendatarios para evitar el cierre masivo de establecimientos comerciales y la destrucción de puestos de trabajo.

No me extraña que una iniciativa de este tipo cobre fuerza. Desde UNO Logística ya alzamos la voz a finales de marzo reclamando a los grandes fondos inmobiliarios de logística descuentos en los alquileres de plataformas de logística en base a la actividad. También negociamos este tipo de políticas con AENA para las plataformas logísticas y oficinas que alquila al sector en las zonas de carga de sus aeropuertos.

La medida, que ya se aplica para los ciudadanos a través de ayudas al alquiler, es tan necesaria como los EPIs o los test en una pandemia. Se trata en este caso de salvar vidas empresariales y laborales. Llevamos ya dos meses de estado de alarma y las empresas de logística y transporte han reducido su actividad a la mitad. Las empresas están en una situación de asfixia tal que les resulta imposible mantener los gastos fijos del alquiler, ya que han visto dramáticamente mermada su facturación y el horizonte para recuperar la actividad se antoja lejano.

A favor del sector inmologístico, cabe destacar que sí que hay compañías de tamaño mediano que han ajustado sus alquileres a esta situación extraordinaria y coyuntural. También es importante que lo hagan los grandes fondos y estoy convencido de que pueden sensibilizarse ante la complicada situación de crisis. Vivimos un momento extraordinario en el que es muy importante reducir todos los gastos posibles para evitar reventar a las empresas y que mantengan músculo productivo para cuando pase esta terrible coyuntura.

Es cierto que algo se ha legislado en esta materia a través del Real Decreto 15/202, pero es todavía insuficiente. Según los expertos en materia jurídica, existe un principio en Derecho llamado rebus sic stantibus que se aplica en aquellos supuestos en que se producen efectos que atentan contra la equivalencia de las prestaciones establecidas originariamente en el momento de celebración del contrato, como consecuencia de una extraordinaria alteración de las circunstancias atinentes al contrato, no previstas por las partes. No obstante, se trata de una cláusula que tiene que presentarse judicialmente y, como todos saben, las empresas no estamos ahora para perder tiempo en los tribunales.