El Consejo de Ministros del pasado 27 de julio aprobó el Plan Director de la Inspección de Trabajo para el período 2018-2020 (consúltelo aquí), un documento que tiene por objetivo mejorar la calidad del empleo en España. Para alcanzar esta meta, el citado plan comprende una serie de medidas de lucha contra el fraude, entre las que se encuentra una actuación prioritaria contra las ‘empresas buzón‘.

El propio Plan Director de la Inspección de Trabajo para el período 2018-2020 define las empresas buzón como aquellas “sin actividad económica real en el país en el que tienen su sede, pero con actividad en otros Estados miembro de la Unión Europea, siendo su finalidad contratar a personas trabajadoras en el país de origen y desplazarlos a otros países de la UE con el único objetivo de abaratar costes salariales, de impuestos y de seguridad social de la mano de obra a los que tiene que hacer frente la empresa, lo que supone un exponente claro de la precarización de las relaciones laborales”.

Para afrontar este fenómeno “y poner cerco al mismo”, la Inspección de Trabajo va a iniciar una campaña de inspección a este tipo de empresas, en colaboración con la Agencia Tributaria, la Inspección de Transportes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para conseguir una mayor eficacia en la inspección, el Ministerio de Trabajo elaborará una guía de actuación, acompañada de una formación específica a sus funcionarios, para mejorar la eficacia de las actuaciones mediante la especialización en esta materia.

Organizaciones empresariales como Fenadismer han venido reclamando en los últimos años “una actuación más eficaz a las Inspecciones de Transporte y de Trabajo para combatir la competencia desleal que de forma cada vez más preocupante vienen ejerciendo las empresas de transporte deslocalizadas en otros países de la Unión Europea con menores costes laborales y fiscales, pero que continúan operando en el mercado español de transporte”, es decir, contra las coloquialmente conocidas como “empresas buzón”.

En opinión de los responsables de Fenadismer, “esta situación de competencia desleal, practicada dentro y fuera de nuestro país, está ocasionando un gravísimo perjuicio al tejido empresarial español de transporte por carretera, conformado en más de un 85% por pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que las flotas radicadas en países del Este de Europa controlan ya casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España, pese a que el origen o destino de nuestras mercancías no son precisamente los países donde se encuentran matriculadas dichas flotas”.

Desde la asociación que preside Julio Villaescusa califican como “muy preocupante” la expansión que en los últimos años están experimentando “especialmente las empresas rumanas y búlgaras, que en un alto porcentaje corresponden a empresas deslocalizadas pertenecientes a grandes flotistas españoles, con crecimientos anuales superiores al 50%” y que a partir de ahora se encuentran en la diana de la Inspección de Trabajo.